Escribe: Diana Flores Rojas

Dina Boluarte ─a quien en casi tres años de gestión Puno se negó a llamar “presidenta”─ ya no ocupa el cargo presidencial. Aunque su salida fue una de las demandas más importantes de los actores del sur del país que mantienen las protestas desde diciembre de 2022, la noticia del reciente jueves 9 de octubre tiene, por decir lo menos, un sabor agridulce. De hecho, aunque nuestra lucha logró presionar al Congreso, su salida también tiene el amargo de la quinua sin lavar.

Lejos de lo que habíamos imaginado, no hemos salido a bailar a las calles al verla dejar el cargo. Más bien, el alivio por la caída de Boluarte se mezcla con el terror e indignación de ver a quienes quedaron. En el cargo presidencial está hoy un congresista acusado de violación que, todo apunta a que negoció para que su caso fuera archivado (Zambrano, 2025). El mismo que se negó a vacar a Boluarte y participó en el archivamiento de sus denuncias en el Legislativo, todo esto a pesar de los más de 50 peruanos/as asesinados por la represión del gobierno.

No me concentraré en decir que el sur del país, y Puno en específico, fue quien cercó al Congreso para tomar esta decisión y que el valor de su lucha deberá ser recordada en la historia. El reciente artículo del investigador quechua Luis Idme lo deja muy claro al decir: “Boluarte, en la práctica, no gobernó en Puno. La región fue su pesadilla” (2025). Sin embargo, aunque es necesario preservar el relato de nuestra resistencia, es también necesario analizar lo que significa para Puno que el Congreso ni la clase política de la coalición mafiosa quieran reconocer el peso de nuestra fuerza política. Por eso me parece que podemos preguntarnos: ¿por qué, aunque es resultado de tanto esfuerzo y persistencia, Puno no goza del todo con la salida de Boluarte en este momento? La respuesta parece evidente y es compartida por otros actores que se oponen al régimen: Dina fue un títere de una mafia que sigue en el poder, pero hay más.

En primer lugar, la salida de Boluarte nos resulta agridulce, porque el Congreso de la República ha pretendido justificar su vacancia desde el desprecio (Agüero, 2022) histórico a nuestras demandas. Sacar a Boluarte ahora, y no en 2022 o 2023, dice claramente: “sus muertos no valen la salida de un presidente”. Nuestros muertos, de hecho, parece que nunca han valido. Por eso, en Puno se sigue diciendo que, hasta ahora —cien años después—, ningún militar ni funcionario ha sido procesado por los abusos y asesinatos cometidos contra cientos de peruanos/as durante la gesta de Wancho Lima (1923). El discurso con que han vacado a Boluarte, aunque pretenda “distanciarse” y “congraciarse” con el voto sureño en este año preelectoral, es a la vez un desprecio hacia nuestra inteligencia. La élite criolla y no criolla enquistada en el poder legislativo parece creer que sacar a Boluarte en este momento es suficiente, y con eso demuestran una vez más que no entendieron nada ni quieren entender, o peor aún: que no está en sus planes reconocer como legítima nuestra lucha por justicia histórica y reciente ante los asesinatos. Prefieren, en cambio, enmarcar su discurso como una medida contra la criminalidad, principalmente la concentrada en Lima. Por eso, el nuevo jefe público de la mafia presidencial, José Jerí, difícilmente se atreverá a salir de Lima sin temor a la humillación.

En segundo lugar, la noticia de la caída de Boluarte no nos produce abrazarnos y decirnos “que sea en buena hora” como cuando felicitamos a alguien en Puno, porque la permanencia del Congreso implica no solo la continuidad de la mafia actual, sino también de la histórica que menospreció e irrespetó nuestros votos, a pesar de que se nos ha vendido la idea de que un régimen democrático respeta la voluntad popular y que si queremos ser parte de la dirección política del país, debemos alinearnos a la participación electoral. Eso no ocurrió. Este Congreso que vacó a Dina también destituyó y maltrató a Castillo, no por las acusaciones de “incapacidad” o corrupción —que, por supuesto, siempre deben investigarse para todo político con cargo público—, sino porque nunca quisieron en la cúspide del poder político estatal a un campesino. Además, recordemos que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso fue considerado legítimo por la mayoría del sur del país (Instituto de Estudios Peruanos, 2022) y eso inclinó la balanza a su favor, basado más en la legitimidad de su medida que en su legalidad.

En tercer lugar, la reciente vacancia de Boluarte es más amarga cuando lo que esperábamos, más allá de los procedimientos legales pertinentes, era verla salir de Palacio rumbo a la cárcel, o al menos enfrentar un proceso abierto y justo que la condujera a ese destino en el corto plazo. Hoy Boluarte está en su casa y la impunidad que goza revive la desesperación de los manifestantes que huían de los disparos policiales en Juliaca el 9 de enero de 2023. Mientras ella sonríe al recibir a los grupos violentistas de “La Resistencia”, los deudos de las víctimas siguen buscando justicia ante un sistema judicial ajeno. Mientras ella calcula la pensión que recibirá como “expresidenta”, muchos comerciantes locales continúan pagando cuotas atrasadas por préstamos que no pudieron cubrir durante los casi tres meses de paro seco al iniciar el año 2023 en Puno.

En cuarto lugar, la vacancia de Boluarte en este momento es la mayor prueba de que las élites gobernantes, especialmente el fujimorismo y sus aliados, no nos reconocen como ciudadanos/as, sino como una masa de votos y no un sujeto político disputando el derecho a gobernarse y gobernar el país. En suma, la temporalidad de la vacancia, a casi siete meses de las elecciones generales de 2026, revela la paradoja perversa de la democracia liberal electoral: quieren nuestros votos para legitimar su poder, pero no para cuestionarlo. No en vano, los periodos electorales siempre fueron considerados una “ventana de oportunidad” (Kingdon, 2014) para disputar la agenda pública. Pero en este caso, los ciudadanos del país disputan algo previo y mínimo: el respeto de su vida y de su derecho a elegir. Así, las elecciones se convierten en una ventana perversa y colonial. Esta situación nos interpela a aprender a utilizar mejor estas coyunturas y ser más exigentes con quiénes elegimos, sí, pero también nos deja una lección esencial: la política no es monopolio del Estado (Tapia Mealla, 2020). Las sociedades subyugadas por la colonia resistieron mediante formas de organización política reales, con autoridades originarias y asambleas que aún gestionan el territorio con amplios márgenes de legitimidad y que sostuvieron las protestas posteriores al 07 de diciembre de 2022 de forma descentralizada y soberana en toda la región. Tenemos sistemas de gobierno, vitalidad política y memoria, por ende: no podemos poner todas nuestras apuestas solo en el acto de votar. La política es más que eso para nuestros pueblos.

Dina Boluarte ya no está en Palacio. Aunque este escrito podría parecer pesimista, no lo es: recordemos que la saponina presente en la cáscara de la quinua, que le da ese sabor amargo, también la protege de roedores y del deterioro. De manera similar, nuestra indignación nos ha permitido no conformarnos con ser meros receptores de programas sociales, y espero que nos impulse a crecer políticamente, reconociendo nuestras falencias y fortaleciendo la solidaridad como principio fundamental de nuestra cultura política.

Asimismo, quechuas y aymaras hemos puesto la valla muy alta. El rechazo persistente al gobierno, junto con otras regiones, ya sea en marchas o en el ejercicio político regional, y potenciado por el rechazo a la presencia de Philip Butters, quien exigió "dispararnos en la cabeza", ha alejado a Dina del palacio. Pero queremos más, y no nos dará pena decirlo. Como declaramos en abril de 2023, durante la segunda toma de Lima: “Botar a Dina solo es el punto de partida; buscamos cambios de fondo” (Flores Rojas, 2023).

Sarapxañani jilatanaka, kullakanaka. Vamos hermanos y hermanas.


Referencias

Agüero, J. C. (2022, diciembre 13). Desprecio. Noticias SER.PE. Un portal de la Asociación SER. https://www.noticiasser.pe/desprecio

Flores Rojas, D. (2023, marzo 2). ¿Qué significa ser aymara? (Wayka) [Vídeo de Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=E_kHT07VqH4

Idme, L. (2025, octubre 10). Desde la última frontera: Puno venció. Luis Idme Ccajma. https://www.facebook.com/luis.idme/posts/pfbid02ieidcfi2VXZi2ww6BrtbNCqt6E3w9kig7nkwptmpJhfaVwzQ3FXdG59Uhnn58dPal

Instituto de Estudios Peruanos. (2022). IEP Informe de Opinión – Diciembre 2022 (Informe completo). Encuesta telefónica a celulares a nivel nacional. https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2022/12/Informe-IEP-OP-Diciembre-2022-completo-1.pdf

Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies (Second edition, Pearson new international edition, update ed. with an epilogue on health care). Pearson.

Tapia Mealla, L. (2020). Imaginarios teóricos y proyectos políticos. En Ciencias sociales, imaginarios políticos y Estado Plurinacional Aportes críticos (CIDES-UMSA, pp. 135-150).

Zambrano, A. (2025, octubre 15). Prontuario de un presunto violador. Hildebrandt en sus trece. https://www.hildebrandtensustrece.com/reportaje/articulo/2602


Fotografía de portada: Liubomir Fernández / La República