Ernesto Álvarez Miranda, un jurista de formación y expresidente del Tribunal Constitucional (TC), asume la presidencia del Consejo de Ministros con un historial marcado por decisiones controvertidas y una visión crítica del sistema interamericano de derechos humanos. Su trayectoria pública, que abarca desde la magistratura hasta la academia, lo presenta como una figura que no rehúye el debate jurídico, aunque sus posturas han generado cuestionamientos.
Uno de los episodios más polémicos de su carrera fue su participación en el TC entre 2012 y 2013. Durante ese periodo, firmó una sentencia que, en el año 2014, ordenó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombrar a César Hinostroza como fiscal supremo. La decisión fue fuertemente cuestionada y finalmente anulada por el propio TC, que reconoció haber invadido la "competencia exclusiva del CNM". Este fallo, conocido como el N° 0776-2014-PA/TC, se emitió en un momento en que Hinostroza ya enfrentaba 27 indagaciones en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Más allá de su paso por el TC, Álvarez ha defendido públicamente posiciones que lo sitúan en la vereda opuesta a ciertos consensos en materia de derechos humanos. En 2017, sostuvo que los hechos de El Frontón no podían ser considerados delitos de lesa humanidad, argumentando que no se trató de un ataque a una "población civil indefensa de manera sistemática y generalizada", sino de la "debacle de un motín de terroristas". Su postura lo llevó a discrepar con la reapertura del caso.
En los últimos años, ha sido un crítico incisivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la que acusó de "extralimitarse en sus funciones". Álvarez ha sostenido que la Corte IDH actúa de forma "subsidiaria" a la justicia nacional, y que su intervención en casos como el indulto de Alberto Fujimori o la supervisión de sentencias es una muestra de su falta de "legitimidad para seguir actuando".
En 2025, calificó la creación de un grupo multisectorial para estudiar la soberanía como un paso político para justificar la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos, aunque insistió en que cualquier decisión de este tipo debería ser tomada con seriedad y bajo criterios diplomáticos, no con "necesidades coyunturales de apoyo político".
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