El Perú está por experimentar en el 2026 un nuevo proceso electoral, muy lamentable por las condiciones en que se dan. Para esas elecciones hay inscritos 43 agrupaciones, la gran mayoría representantes de tradicionales grupos de poder muchos de ellos ahora presentes o cercanos a un parlamento y a un gobierno inoperantes, autoritarios, prácticamente delincuenciales y transgresores del más elemental Estado de derecho, generando una profunda crisis y desgobierno, y controlando políticamente las instituciones tutelares del Estado como el tribunal constitucional, la defensoría del pueblo, junta nacional de justicia, y ahora último el ministerio público. Salvo contadas excepciones el electorado en general estará siendo forzado a dar su voto por alguna de esas opciones políticas.
El cuadro que se vive en Perú se complementa con una profunda crisis moral, de valores fundamentales de convivencia, de institucionalidad, de liderazgos, de ciudadanía; de proliferación de bandas mafiosas, sicarias, extorsionadoras, corruptas, aunado a una incontrolable inseguridad, todo ello facilitado por las leyes complacientes que dicta el congreso en favor de esos actores ilícitos. A su vez, se vive la exacerbación de una economía informal que ha devenido en muchos casos en ilegal, como producto de un Estado ajeno a cumplir su rol de servicio a la gente, y por lo tanto de abandonar a la población a buscar, a su suerte, sus propios medios de vida. Esa economía ilegal y criminal convive con las mafias organizadas en los espacios formales de poder del Estado, al igual que con la persistencia de un modelo económico extractivista financiado con el gran capital promovido por los sucesivos gobiernos, como el actual.
Las constantes encuestas revelan persistentemente que más del 90% de la población rechaza y cuestiona el actual gobierno y al parlamento, malestar que aún no se ha expresado en una consistente reacción social movilizada que ponga en cuestionamiento la permanencia en el poder de estos actores políticos totalmente deslegitimados, como se dio en años anteriores. Las movilizaciones sociales del sur andino hace dos años con el asesinato de unas 60 personas por acción del gobierno actual, no fueron suficientes para generar una respuesta nacional que conduzca a cambios políticos.
Ahora lo que se prevé del panorama electoral parece predecible. Los grupos políticos que controlan el parlamento han orientado sus normas a buscar garantizar que la población votante vuelva a elegirlos, incluso sancionando antidemocráticamente con inhabilitaciones a una serie de personajes de oposición, para evitar que puedan postular y competir electoralmente. Cualquier resultado que se produzca, pareciera que mantendrá el actual contexto de crisis y de manejo autoritario y corrupto del Estado, así como de violación persistente del Estado de Derecho. Hay que entender que los cambios que el país necesita son muy profundos y deben remover los resistentes cimientos coloniales que la república formal de hace dos siglos los ha mantenido.
Desde algunas de las representaciones políticas progresistas, tampoco se percibe mayor protagonismo o discurso alternativo sólido y convocante frente a la crisis actual. Ni aparecen aun de manera significativa en las encuestas. La designación de las figuras presidenciales será una de las tareas a atender en las próximas semanas para cumplir con el cronograma electoral.
Lo novedoso y posiblemente esperanzador que ha surgido en las últimas semanas son movilizaciones de juventudes en Lima autodenominadas generación Z con un nivel muy importante de organización, de efecto mediático y al margen de las organizaciones políticas tradicionales, cuyo propósito es la salida del actual gobierno y parlamento, así como una serie de demandas para la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho. Es de esperar que estas nuevas acciones sociales puedan generar un contagio favorable a más sectores de la población y se extienda en todo el país, desde un mensaje de esperanza y de cambio.
A pesar de lo señalado, como un nuevo proceso electoral poco esperanzador para la democracia y favorable para la preservación de los cuestionados espacios de poder, siempre puede ser considerado como una oportunidad para intentar mejorar las condiciones políticas y para ello se espera que algunas agrupaciones políticas democráticas puedan ganar protagonismo para obtener una respetable representación parlamentaria. Pero sin perder la mirada a los esfuerzos e iniciativas de democracia directa como los que promueve la generación Z, y hacer de las calles un persistente escenario de acción y protesta social contra la corrupción, el autoritarismo, el entreguismo económico, y por la construcción de una patria con futuro, basado en la democracia plena, la equidad, la justicia, la reforma integral del Estado, la superación del modelo neoliberal y su base extractivista y patriarcal. No se debe perder los anhelos para recuperar progresivamente la confianza de los peruanos y peruanas con las posibilidades de construir o más bien deconstruir las bases de existencia de este país. Hay que contagiar en la gente que es posible empezar a creer en nuevas relaciones humanas sustentadas en principios, valores, ética, respeto, en recuperar las instituciones públicas encargadas de garantizar al menos lo esencial del Estado de Derecho. Y principalmente, confiar en sus propias capacidades de organización y movilización transformadora.
Foto de portada: Andina
