El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso cambios significativos en el equipo de fiscales adscritos a su despacho. Entre los más notorios, apartó a Hernán Mendoza y Luis Ballón, magistrados que tenían a su cargo investigaciones que tocan directamente al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y a la presidenta Dina Boluarte, en los casos “Culebra”, “Diablo” y “Rolex”.
Si bien La Mula adelantó hace unos días sobre estos cambios, la decisión fue oficializada mediante resoluciones publicadas hoy en El Peruano. Mendoza, quien lideró el allanamiento a la vivienda de la mandataria donde se halló la tarjeta Rolex, fue trasladado al equipo especial Lava Jato bajo la coordinación de Rafael Vela. Ballón, que había pedido el impedimento de salida del país contra Santiváñez, fue removido sin nueva designación.
Por su parte, El Comercio precisó que la reestructuración incluyó también a Marcial Paucar, quien fue reasignado a una fiscalía especializada en ciberdelincuencia. Paucar había sido cuestionado anteriormente por el fiscal José Domingo Pérez por omitir investigaciones relacionadas al caso “Cocteles” que involucraban a Fuerza Popular.
El trasfondo genera suspicacias. Mendoza fue precisamente el fiscal que en mayo sustentó la suspensión por 36 meses contra Gálvez, acusándolo de integrar la red de los “Cuellos Blancos del Puerto” y de buscar injerencia política en órganos electorales y de justicia. Hoy, es el mismo Gálvez quien lo aparta de expedientes sensibles que afectan al actual Gobierno.
La situación se complejiza con otro frente abierto. Desde La Mula, voces advierten que la fiscal suprema provisional Carolina Delgado, reconocida en Sullana por su lucha contra la corrupción y actualmente a cargo de un informe sobre los “Cuellos Blancos”, podría ser removida de su cargo. La comparación con el caso de la fiscal Bersabeth Revilla —retirada tras investigar a la hermana de Patricia Benavides— genera alarma entre analistas y sectores de la sociedad civil.
El contraste entre los discursos y las decisiones del nuevo fiscal de la Nación es notorio. El pasado 24 de septiembre, Gálvez aseguró en radio Exitosa que las investigaciones contra Nicanor Boluarte y Santiváñez “no se interrumpirían”. Sin embargo, los cambios recientes parecen mostrar un rumbo distinto.
Mientras tanto, Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, alertó en una entrevista con La Mula que los ataques al sistema judicial se están trasladando ahora al Poder Judicial, luego de que la Comisión Lava Jato del Congreso citara por primera vez a una jueza que homologó acuerdos de colaboración eficaz. “Lo siguiente será la Corte Suprema”, advirtió Vela, calificando la situación de “sumamente grave”.
El escenario confirma la tensión entre el Ministerio Público y sectores políticos, con un mensaje de fondo: los cambios internos en la Fiscalía no son meros movimientos administrativos, sino que pueden redefinir el alcance de las investigaciones de mayor impacto político y judicial en el país.
