Escribe: Ernesto de la Jara Basombrío, abogado, docente universitario, ex Director Fundador del IDL

Congreso fujimorista aprueba ley con la que se pretende liberar y exculpar a miles de criminales.

La ley aprobada ayer por el fujimorismo y sus cómplices en el Congreso, favorece a responsables de matanzas, desapariciones, violaciones sexuales y torturas, cometidas con el pretexto de combatir el terrorismo. (1980-2000)

A un militar, policía o rondero que violó a mujeres campesinas, o que ejecutó y prendió fuego a toda una comunidad, incluidos niños, o desapareció a los de la Cantuta, no le debemos nada, y tiene que ir preso porque se trata de un “delito de lesa humanidad” (Tan espantoso, que se considera que es una ofensa a toda la humanidad).

Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que leyes de amnistía así son “nulas” (no pueden producir ningún efecto), por atentar frontalmente contra la Convención Interamericana (Pacto de San José). Y lo hizo, justamente, al sacar un fallo condenatorio, en el 2000, en un caso peruano: la matanza de Barrios altos (1991)

Así el Perú se salga próximamente de la Corte (lo que sería un horror, pues todos los peruanos perderíamos mecanismos de protección esenciales,) aún así, no podría aplicar ningún tipo de amnistía frente a casos que ocurrieron entre 1980 y el 2000. Los efectos de ese retiro solo se aplicarían para casos que ocurran después de un año de que se concrete dicho retiro (a partir de finales del 2026). Pero, incluso, en esta hipótesis de retiro de la Corte, tampoco procederían amnistías ni para casos futuros, puesto que ya hubo varios fallos contra ese tipo de normas, que el Perú debe respetar para siempre, pues se dieron mientras nuestro país era parte de la Corte y de la Convención.

Para los peruanos y frente al mundo es una vergüenza que autoridades nacionales defiendan y protejan a criminales convictos y confesas, pues están totalmente probados la comisión de delitos espantosos. Claro, cuando se ve los nombres de quienes han aprobado dicha ley (Montoya, Rospigliosi, Moyano, Cavero, etc.) no sorprende para nada, pues ya han demostrado que constituyen una alianza capaz de dar todo tipo de medidas a favor del crimen organizado.

Es falso que todavía haya investigaciones o procesos que llevan muchos años sin que terminen en condenas por faltas de pruebas; todo lo contario, la demora es porque los culpables usan todo su poder para a través de maniobras dilatar. Justamente, como esto es lo que suele ocurrir en este tipo de casos, internacionalmente se ha establecido desde hace mucho que las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles (es decir, no dejan ser perseguibles por el solo transcurso del tiempo).

La inseguridad y el crimen organizado empeorarán aún más, si es que se libera a cientos de delincuentes capaces de todo, sin ningún escrúpulo y con ganas de venganza, como ocurrió en el pasado en algunos países, en los que este tipo de amnistiados se convirtieron en sicarios, al servicio de los narcos, la corrupción, la extorsión.

Estoy seguro que todos los organismos internaciones (de la OEA, de NNUU y los privados, como AI, WRW) volverán a condenar este feroz atentado contra derechos y principios básicos y esenciales.

Corresponde ahora – como lo hicieron en los 90, las valientes Saquicuray y Magallanes, ambas magistradas)- que ningún juez y fiscal aplique esa ley, haciendo uso del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Es más, como todos estamos obligados a respetar la Constitución y los tratados, todo tipo de autoridad puede negarse a cumplir esta ley, incluidas las que están a cargo de las cárceles: no libero asesinos o violadores, porque está prohibido jurídicamente.

Otro hecho por el que los actuales congresistas serán juzgados por la historia y la justicia penal.

Muy bien que muchos medios y periodistas hayan condenado esta nueva aberración a favor de criminales, pero también es lamentable, que existan algunos otros importantes que, sorprendentemente, han minimizado el hecho, revelando que siguen creyendo que, con el pretexto de combatir el terrorismo, se justifique recurrir también a acciones igualmente terroristas.

Recordemos una vez más que las violaciones de derechos humanos contribuyeron al avance del terrorismo, y que SL y el MRTA fueron derrotados producto de la detención de sus principales cabecillas, y de la resistencia de las rondas y de población en general (especialmente la más pobre), sectores que no solo no se dejaron atraer, sino que se enfrentaron a costa de sus propias vidas.

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