El incremento del sueldo presidencial de S/16.000 a S/35.568, oficializado mediante el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, ha provocado una oleada de críticas en un país donde el salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta básica y más del 50 % de los trabajadores gasta todo su ingreso en menos de una semana.
Aunque el primer ministro, Eduardo Arana, defendió la medida alegando que “la presidenta es la más alta autoridad del Estado y su sueldo debe reflejar esa jerarquía”, ocho proyectos de ley fueron presentados en el Congreso para revertir el aumento. Entre sus impulsores se encuentran congresistas como Jaime Quito y Sigrid Bazán, quienes han calificado la medida como “un insulto a la pobreza”.
“El salario de Dina Boluarte equivale a más de 30 remuneraciones mínimas vitales y a casi 60 pensiones básicas. Técnicamente no está mal que el presidente gane más que sus ministros, pero lo irresponsable es que lo haga esta gestión, en este contexto. Debería aplicarse desde el próximo Gobierno”, explicó a LaMula.pe el economista Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo.
Para la socióloga Alejandra Dinegro, el aumento es directamente ofensivo:
“Boluarte gana más de 30 veces lo que gana un trabajador con sueldo mínimo. Es un mensaje injustificado y provocador, completamente desconectado de la realidad. Más de la mitad de trabajadores gasta su salario en menos de una semana. Es un acto de insensibilidad en un país marcado por el alza de precios, el endeudamiento y la falta de empleo digno”, declaró.
La otra cara del Perú: salarios que no alcanzan y empleos que no dignifican
Mientras el Ejecutivo argumenta jerarquía, la mayoría de peruanos lidia con otra realidad. Según el último informe de Bumeran, el 84 % de trabajadores asegura que su salario no cubre sus necesidades básicas. Alimentación, vivienda, transporte y deudas consumen casi la totalidad de sus ingresos. Apenas un 12 % logra que su sueldo dure todo el mes.
El ahorro se ha convertido en un privilegio: solo el 5 % puede guardar más del 45 % de su ingreso. El resto vive al día.
“La insuficiencia salarial refleja la baja generación de empleo formal. Solo la mitad de la población económicamente activa tiene un trabajo asalarido y el 50 % de ese empleo es informal”, señala Cuadros.
Jóvenes: entre la informalidad y el olvido
La situación se agrava entre los jóvenes. Más de 1,5 millones de personas entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. El cambio metodológico aplicado por el Gobierno en 2024 —que excluye del conteo a quienes buscan empleo activamente— ha maquillado las cifras. Bajo el estándar internacional, el porcentaje real de “ninis” alcanzaría el 20,9 %, el más alto desde la pandemia.
“La mayoría de estos jóvenes no está inactiva por elección. Las mujeres realizan trabajo doméstico no remunerado, y los varones muchas veces terminan en economías ilegales. Hay un abandono estructural: acceso desigual a la educación, oferta formativa desconectada del mercado, informalidad generalizada”, sostiene la socióloga Alejandra Dinegro, exsecretaria nacional de Juventud.
La brecha de género es brutal. Dos de cada tres jóvenes ninis son mujeres. Una de cada tres ya es madre. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024, ellas dedican más del doble de horas semanales al trabajo doméstico no remunerado que los hombres.
El informe “Juventudes: asignatura pendiente” de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) advierte que la situación de los jóvenes en el Perú es crítica y estructuralmente desigual. En este documento, elaborado por Dinegro, se destaca que la transición demográfica hacia una juventud más envejecida exige políticas públicas adaptadas y sostenidas. Entre los hallazgos más relevantes, se subraya la relación desigual entre educación y empleo, que perpetúa la precariedad para quienes no acceden a estudios superiores, y una desconexión entre la formación educativa y el mercado laboral, que obliga a muchos jóvenes a aceptar empleos informales o de baja calidad.
Además, el estudio evidencia una desconfianza generalizada en las instituciones políticas, escasa participación en organizaciones formales y una limitada politización en redes sociales, aunque con interés latente por formas nuevas de participación.
En síntesis, la juventud enfrenta una exclusión estructural sostenida y necesita políticas públicas que reconozcan sus derechos, diversidad y capacidad de incidencia política.
Propuestas de reforma: empleo, educación y participación
Para revertir esta exclusión, Dinegro propone cuatro líneas de acción urgentes:
1. Un Plan Nacional de Empleo Juvenil que incluya incentivos para contratar jóvenes sin precarizar sus derechos.
2. Rediseñar la educación técnica y universitaria, especialmente en regiones con alta exclusión.
3. Crear un banco nacional de prácticas preprofesionales, articulado con el sector productivo.
4. Impulsar programas de primer empleo juvenil con participación activa del Estado, empresas y universidades.
Además, resalta la necesidad de fortalecer institucionalmente la Secretaría Nacional de Juventud (Senaju) y de dar presupuesto real a la Política Nacional de Juventudes.
¿Qué es un empleo digno?
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un empleo digno es aquel que garantiza un ingreso justo, estabilidad laboral, protección social, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos laborales. No se trata solo de tener un empleo, sino de que este permita una vida con bienestar y derechos plenos.
[Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr]
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