El abogado Arturo Crispín y el exministro Gino Costa alertaron en #LaMulaStream sobre la gravedad institucional del reciente aumento de sueldo aprobado por el Consejo de Ministros para la presidenta Dina Boluarte.
El reciente aumento de la remuneración presidencial a S/ 35.568 mensuales ha sido calificado como una medida “abiertamente ilegal e inconstitucional” por el abogado constitucionalista Arturo Crispín, y como un acto de “desconexión y desprecio al país” por parte de Dina Boluarte, según el excongresista y exministro del Interior Gino Costa.
En el programa “Pase lo que pase”, de #LaMulaStream, Crispín advirtió que la norma que regula la escala salarial del Ejecutivo impone un tope legal de alrededor de S/ 25.000 para el cargo de presidencia.
“La medida no solo es un exceso ético y moral, también vulnera el marco legal vigente. Esta medida es abiertamente ilegal e inconstitucional”, sostuvo.
Además, el abogado advirtió que el incremento tendrá implicancias en bonificaciones y pensiones, y sugirió que la ciudadanía puede recurrir a una acción popular para revertir el decreto supremo.
“Es un proceso constitucional con legitimidad amplia, que puede resolver la Corte Suprema sin tener que ir al Tribunal Constitucional, donde los procesos son más lentos”, explicó.
Por su parte, Gino Costa vinculó esta decisión con el contexto político que atraviesa el país y con el intento del Congreso de copar el Ministerio Público:
“Dina es una presidenta frívola, desconectada del país, que demuestra con esta medida cuánto poco le importamos”, sostuvo.
Costa advirtió que los sectores que hoy controlan el Congreso buscan impunidad.
“Están devolviendo a fiscales investigados por corrupción a las más altas esferas del poder para garantizar que nada les pase. Es como lo que hizo el fujimorismo en los 90. No lo podemos permitir. Depende de nuestro voto”, enfatizó.
Las declaraciones de ambos invitados de #PaseLoQuePase coinciden con el anuncio del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien justificó el aumento salarial mediante una comparación con presidentes de otros países. Sin embargo, las críticas apuntan a la falta de sustento legal y al contexto de crisis institucional y pobreza en el que se da la medida.
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