La crisis institucional entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público y el gobierno de Dina Boluarte se agravó este domingo tras conocerse que la Policía Nacional del Perú (PNP) otorgó resguardo a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pese a que el mandato de Delia Espinoza sigue vigente y que la resolución que restituye a Benavides presenta irregularidades.
El hecho fue revelado en un documento policial emitido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), que dispuso a la Dirección de Seguridad del Estado (DIRSEEST) garantizar la protección policial de Benavides, invocando el carácter de “muy urgente” ante presuntos riesgos derivados de sus funciones como titular del Ministerio Público.
La medida se ejecutó tras la presentación por parte de Benavides de la resolución de la JNJ que dispone su restitución en el cargo. El documento fue recibido por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, y derivado al Comando de Operaciones Policiales, que activó el resguardo.
Sin embargo, la titular actual del Ministerio Público, Delia Espinoza, ha interpuesto una demanda de amparo ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima para frenar lo que considera una “vulneración grave” a sus derechos fundamentales. La acción busca que se declare nula la restitución de Benavides mientras dure el proceso judicial iniciado por ella misma. Espinoza, en entrevista con RPP, sostuvo que no reconoce a Benavides como fiscal de la Nación, calificándola únicamente como una “ciudadana respetable”.
En respuesta a la polémica, la noche del domingo la PNP emitió un comunicado a la opinión pública en el que matizó su postura. Afirmó que no ha reconocido “a persona alguna como Fiscal de la Nación” porque eso “no se encuentra dentro del marco de su competencia ni funciones”. Indicó que el documento revelado por Latina corresponde a una respuesta administrativa a un requerimiento acompañado de la resolución de la JNJ.
“El Perú necesita unidad y compromiso para enfrentar con firmeza el desafío de la criminalidad”, señala el comunicado.
Además, la institución policial agregó que, ante la actual disputa por la titularidad del Ministerio Público, ha decidido brindar protección tanto a Patricia Benavides como a Delia Espinoza, reiterando su respeto a la ley y al orden constitucional.
"Quieren asegurar impunidad"
La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, sostuvo en #LaMulaStream que se está produciendo una maniobra para “asegurar impunidad” desde el aparato del Estado: “La Fiscalía es la única entidad que puede investigar a funcionarios. Todos tienen algo en común: quieren captar la Fiscalía”, advirtió.
En la misma línea, el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, calificó los hechos como parte de una ofensiva de una “coalición cleptocrática” que ya controla el TC y la Defensoría del Pueblo. “El instrumento es la JNJ, que ya actúa ilegalmente”, afirmó, señalando que no se respetó la unanimidad exigida ni se ha publicado resolución completa que respalde el retorno de Benavides.
El lunes 24 de junio se evaluará además una solicitud de suspensión preventiva por 36 meses contra Benavides por presunto cohecho. Espinoza aclaró que este pedido se formuló antes de la resolución de la JNJ y en el marco de la investigación que la propia Junta inició contra su antecesora.
De acuerdo con la Constitución peruana, el Ministerio Público es autónomo y su jefatura no puede ser intervenida por el Poder Ejecutivo ni por otros órganos del Estado. La JNJ, por su parte, tiene competencia para nombrar y destituir a fiscales supremos, pero no para interferir en la sucesión de mando si existe un cuestionamiento judicial vigente.
[Foto de portada: Andina]
Más en LaMula.pe:
Irán amenaza con cerrar Ormuz tras bombardeo de EE.UU.: se agrava riesgo de crisis energética global
Proyecto Bicentenario: Gobierno lanza nueva plataforma digital tras alertas por cierre de la web
Exigen a Boluarte acceso a “cura funcional” del VIH y la demandan por falta de medicamentos
“Quieren asegurar impunidad”: Ledesma y Gorriti sobre temblor en el sistema de justicia