Una disputa de alta tensión institucional enfrenta desde hace días a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público (MP), luego de que la JNJ resolviera reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del MP, pese a que aún está pendiente un proceso judicial iniciado por ella misma. La medida ha generado reacciones inmediatas tanto dentro de la fiscalía como en la sociedad civil, que observa con preocupación lo que algunos califican como un intento de “toma” del aparato de justicia.
La noche del lunes 16 de junio, la fiscal suprema Delia Espinoza, en funciones como Fiscal de la Nación, encabezó una vigilia en el noveno piso de la sede del Ministerio Público. Allí, acompañada por trabajadores y fiscales, denunció un intento de “golpe institucional” contra la Fiscalía. La acción respondió a la notificación de parte de una resolución de la JNJ que ordena la restitución de Benavides en el cargo, pese a estar actualmente investigada por presuntamente liderar una organización criminal desde el propio Ministerio Público.
Una lucha por la impunidad
Para la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, el trasfondo de la disputa es político-criminal:
“Lo que estamos viendo es por qué es tan apetecible la Fiscalía de la Nación (…). La Fiscalía es la única entidad que, por diseño constitucional, puede investigar y someter a funcionarios al Poder Judicial. Boluarte tiene cinco denuncias, varios congresistas también, la propia Benavides está denunciada como parte de una organización criminal. Todos tienen algo en común: quieren captar la Fiscalía para asegurar impunidad”, advirtió en la edición especial de #LaMulaStream "Réplicas en la Fiscalía".
Una coalición de poder en avance
Por su parte, el periodista y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, calificó los recientes actos de la JNJ como parte de una ofensiva de una “coalición cleptocrática” para capturar el sistema de justicia.
“Así como lo estamos viendo con la Fiscalía, el siguiente paso será el Poder Judicial. El instrumento es la JNJ, que ya está actuando abiertamente de manera ilegal: no se respetó la unanimidad, no hay resolución publicada, y se designó indebidamente a Benavides como fiscal de la Nación. Todo esto con apoyo del TC y de la Defensoría del Pueblo, ya controladas”, afirmó Gorriti, quien además cuestionó la pasividad social frente a estos hechos:
“La abrumadora mayoría aborrece a quienes hoy controlan el poder, pero no hay una movilización que exprese ese sentimiento todavía”, subrayó.
La respuesta del Ministerio Público
La noche de este martes, el Ministerio Público respondió con firmeza a través de un comunicado difundido en redes sociales. La Junta de Fiscales Supremos —máximo órgano de gobierno interno— se declaró en sesión permanente desde el domingo y hoy reafirmó que, según el artículo 158 de la Constitución, “la elección del Fiscal de la Nación es atribución exclusiva de dicho órgano y de ningún otro del Estado”.
Tensiones dentro de la JNJ
Desde el propio pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tampoco hay unanimidad. El magistrado Francisco Távara explicó en RPP que no formó parte de la sesión ni votó la resolución que ordena la reposición de Patricia Benavides. Según relató, la mañana del 6 de junio —día señalado para la audiencia oral— acudió al despacho del presidente de la JNJ, Gino Ríos, para expresar su preocupación: “No sabía de qué se trataba, no tenía copia del escrito ni de una resolución que concediera el uso de la palabra”. Al no obtener información, se excusó por escrito mediante la carta 0027-2024-FT, presentada ese mismo día.
Távara sostuvo que el caso era una "cosa decidida": ya existía una resolución del pleno de la JNJ que había desestimado un recurso de reconsideración y declarado improcedentes pedidos de nulidad. Además, subrayó que el caso se hallaba judicializado porque Benavides había interpuesto un proceso de amparo, por lo que —argumentó— la JNJ debía abstenerse hasta que el juez constitucional o, en última instancia, el Tribunal Constitucional se pronunciara.
“Lo correcto era esperar la decisión del proceso constitucional; de lo contrario, incurríamos en una irregularidad”, indicó.
El magistrado añadió que el informe oral tampoco había sido aprobado por el pleno. Por último, advirtió el riesgo de incurrir en “prácticas montesinistas”.
Funciones de la JNJ y del Ministerio Público
Junta Nacional de Justicia (JNJ):
Es un órgano constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles. Su actuación debe ceñirse al principio de legalidad, respetando el debido proceso. No tiene facultad para designar directamente a la Fiscal o al Fiscal de la Nación; su rol se limita a aspectos disciplinarios o administrativos.
Ministerio Público:
Es el organismo autónomo encargado de la investigación del delito y la defensa de la legalidad. La dirección del Ministerio Público recae en la Junta de Fiscales Supremos, que elige internamente al Fiscal o la Fiscal de la Nación. Esta figura tiene la facultad de dirigir investigaciones contra altos funcionarios, incluyendo congresistas y presidentes.
[Foto de portada: Andina]
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