“En la práctica, se avala la tortura, el secuestro y la violación”, advirtió el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), al referirse a la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso peruano, que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

En “Vértice” de #LaMulaStream con Jaime Chincha, Rivera criticó que esta norma, lejos de promover justicia o reconciliación, representa un “borrón legal” sobre los crímenes cometidos entre 1980 y 2000: “Lo que fue del 80 al 2000 se borra en materia de denuncias contra los derechos humanos”.

Consultado sobre la propuesta del Congreso para retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Rivera dijo que ello forma parte de una estrategia del Ejecutivo de Dina Boluarte para someterse al Legislativo: “Es parte del juego de sometimiento de Boluarte con el Congreso. Me parece que no han hecho nada que marque una decisión ya política de apartarse efectivamente del sistema interamericano”.

El abogado también alertó que esta iniciativa es contradictoria con otras acciones recientes del gobierno.

“La semana pasada postulaban a una peruana para la Subsecretaría General de la OEA y hoy promueven una comisión para salir del sistema. Es absolutamente incoherente”, expresó.

Rivera recordó que el Perú es el país con más casos ante la Corte Interamericana: 

“Tenemos 57 sentencias. Solo 11 están relacionadas con terrorismo. El resto son por derechos laborales, previsionales y otros. O sea, dicen que la Corte defiende terroristas, pero en realidad está cubriendo lo que no hace el sistema de justicia peruano”.

Asimismo, subrayó que “lo que decide la Corte en un caso puede servir para mucha gente. Sienta precedentes. El no tener acceso a ese sistema es restar niveles importantes de protección a la gente”.

Finalmente, Rivera cuestionó que el Congreso busque justificar esta ley en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que convalidó el indulto a Fujimori:

“Hay una decisión de confrontar con el sistema interamericano. Y ese es el derrotero que están siguiendo”.


Previamente a su aprobación en el Pleno, la Comisión de Constitución —presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular)— aprobó por 15 votos a favor el dictamen del Proyecto 7549/2023-CR que concede amnistía a uniformados sin sentencia firme o mayores de 70 años ya condenados. Rospigliosi negó cualquier “impunidad” y dijo que la medida es “justa y humanitaria”.

En su página web, el Congreso justificó la ley alegando el “derecho al plazo razonable”, pese a las advertencias de expertos y familiares de víctimas. Organizaciones de derechos humanos señalan que la iniciativa contraviene la jurisprudencia vinculante de la Corte-IDH —especialmente el caso Barrios Altos— y abre la puerta a la prescripción de masacres, desapariciones y torturas.


[Foto de portada: Congreso]


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