El Congreso del Perú aprobó este miércoles una ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). En la previa a la aprobación de esta ley, especialistas en derechos humanos y familiares de víctimas denunciaron en el programa "Al Filo" de #LaMulaStream que se trata de una norma inconstitucional que promueve la impunidad.
En entrevista con Javier Torres, la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), advirtió que los jueces peruanos están obligados a inaplicar esta ley si llega a promulgarse.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció respecto a las amnistías. Los jueces a nivel local tienen que inaplicar esa norma si es que es aprobada por el Pleno y si es que es suscrita y promulgada”, advirtió Cano.
“No se necesita llegar nuevamente hasta la Corte-IDH, porque ya emitió una resolución respecto a las amnistías”, agregó.
Luyeva Yangali, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados y Desaparecidos del Perú (ANFADET), también participó en el programa y recordó que llevan 25 años buscando justicia desde que se reabrieron los casos en el año 2001. “Somos más de 22 mil desaparecidos, más de 70 mil víctimas”, expresó.
“Imagínate hacer tantos casos, era inalcanzable. Pero nosotros hemos persistido”, señaló Yangali.
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, se sumó a las críticas y explicó que esta ley contradice los estándares internacionales de derechos humanos.
“Las amnistías contra personas que han violado derechos humanos están totalmente prohibidas por el derecho internacional”, subrayó.
“Todas las víctimas tienen derecho a la justicia, pero además es imprescindible para que haya garantías de no repetición”, añadió.
La norma, aprobada por 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, ha sido calificada como una “ley infame” por la congresista Ruth Luque, quien señaló que “están liberando a todos los violadores de derechos humanos”. La parlamentaria denunció que la ley aprobada equivale a “una reedición del fujimorato del siglo XXI”, afirmando que Fuerza Popular, APP y otros partidos han pactado para blindar a militares violadores de derechos humanos. “Son épocas oscuras para la democracia”, concluyó.
La ley beneficiaría a personas mayores de 80 años, o mayores de 70 si tienen enfermedades graves o terminales, y no hayan sido condenadas por terrorismo ni corrupción. Sin embargo, incluye también a personas en proceso judicial sin sentencia firme, lo que amplía su alcance a casos aún abiertos por masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
[Foto de portada: AFP]
