El acoso judicial constituye una forma sofisticada de violencia de género que busca silenciar a las mujeres mediante denuncias infundadas, desgaste económico y afectación emocional, advirtieron los abogados Josefina Miró Quesada y Renato Constantino en el programa Al Filo de #LaMulaStream.
“Es una forma de mordaza, de silenciar, de intimidar, una forma de represalia, para desgastar a las víctimas, económicamente pero sobre todo también anímicamente”, explicó Miró Quesada.
La abogada agregó que estas prácticas fuerzan a las mujeres a replantear si vale la pena denunciar, considerando las dificultades que enfrentan en los procesos de violencia de género.
Durante la entrevista con Javier Torres, Constantino subrayó que este tipo de violencia refleja un “refinamiento” en el uso del sistema legal como mecanismo de presión.
“En ciertos espacios sociales es muy difícil que haya violencia física, pero esta clase de violencia es más difícil de detectar”, señaló.
Según el abogado, algunos abogados incluso se entrenan para insertar estas prácticas en sus estrategias legales, mientras que los colegios profesionales no han establecido aún una fiscalización efectiva para sancionar estas conductas. “Creo que aún tiene que haber un esfuerzo mayor”, advirtió Constantino.
Miró Quesada añadió que en muchos casos se instrumentaliza incluso a los hijos, lo que agrava el sufrimiento de las víctimas.
“Cuando hay de por medio familia o niños, se instrumentaliza a los niños para generar violencia vicaria (…) y hacer sentir culpa a las mujeres por los efectos que generan los procesos en los niños”, afirmó.
El caso de Karla Gaviño, recientemente difundido en un reportaje de Epicentro, ejemplifica este fenómeno. La víctima enfrenta múltiples denuncias impulsadas por su aún esposo, que reside en el extranjero y ha logrado que la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal (IML) actúen en su contra.
Ambos especialistas coincidieron en que el Estado peruano debe fortalecer sus instituciones judiciales y establecer mecanismos de control ético sobre el ejercicio profesional de los abogados para evitar la perpetuación de estas formas de violencia de género.
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