Autora: Carmen Wurst, especialista en Psicología Forense
“No pueden traer juguetes, eso es para manipular”, dijo la psicóloga de Medicina Legal al ver a Rita, de 5 años, buscando alivio junto a “Pipo”, su conejo de peluche. La pequeña, que solo trataba de encontrar algo de calma en medio de la situación, se vio rechazada por un sistema que no solo no comprendía sus necesidades emocionales, sino que además la culpaba por buscar consuelo en su peluche. Esta reacción refleja cómo el sistema pericial, lejos de proteger, a veces contribuye al malestar de los menores, sin comprender sus emociones ni su necesidad de seguridad.
Es urgente poner sobre la mesa una serie de falencias graves en los procedimientos periciales a cargo de diversos funcionarios del Instituto de Medicina Legal (IML), entidad adscrita a la Fiscalía de la Nación, cuyas opiniones resultan fundamentales para la toma de decisiones en las investigaciones fiscales. En estos procedimientos, lejos de proteger a las infancias, están generando efectos contraproducentes y favoreciendo la impunidad en múltiples casos. Algunas de estas prácticas, que lamentablemente se repiten de manera sistemática, violan los estándares científicos y éticos mínimos, y atentan contra los derechos de las víctimas, en este caso: niñas y niños que son revictimizados y maltratos por estos funcionarios. Si bien, no dudamos de la existencia de funcionarios comprometidos y responsables, en los casos observados producto de la práctica profesional, se han evidenciado múltiples situaciones controversiales.
Entre las irregularidades más preocupantes, se encuentran:
- Evaluaciones superficiales: Se realizan pericias en una única sesión de una hora, a partir de la cual se concluye que no existe afectación emocional. Esta ligereza en el abordaje lleva directamente al archivo de los casos, sin una investigación profunda ni perspectiva de infancia.
- Desconocimiento del desarrollo infantil: Se formulan preguntas a niños pequeños que no son adecuadas para su etapa de desarrollo, sin adaptar el lenguaje ni los métodos de exploración.
- Mala organización institucional: Se asignan audiencias a niños que luego se cancelan sin explicación; o peor aún, se cita en el mismo día y horario a las supuestas víctimas y a los supuestos agresores, lo que configura una situación de altísima vulnerabilidad y revictimización.
- Prácticas desconectadas y deshumanizadas: Se realiza una Cámara Gesell y, sin continuidad ni conexión con lo relatado, se pasa a una evaluación pericial aislada, que no explora adecuadamente lo dicho por el niño. A esto se suma que, durante las entrevistas, los profesionales se dedican a copiar en la computadora en tiempo real, sin establecer un vínculo humano, y muchas veces dejando al niño solo frente a un entorno hostil.
- Calidad deficiente de los informes: Se elaboran informes con errores ortográficos, una redacción incoherente, y un simple copiado del relato sin ninguna pregunta aclaratoria. Se hacen hasta cuatro entrevistas de una hora en un solo día, y los informes se redactan en las dos horas siguientes, sin tiempo ni análisis suficiente. Además, muchas veces ni siquiera se leen los expedientes con anterioridad, por lo que el abordaje se realiza sin contexto.
- Espacios inapropiados: Las Cámaras Gesell carecen de recursos básicos como muñecos, colores o materiales lúdicos que permitan generar un clima de confianza. No se respeta el proceso de vinculación previa, y se interroga a los niños de manera reiterada, lo cual constituye una forma de maltrato y revictimización.
- Fallas procesales: Se frustran procedimientos por cuestiones burocráticas como el no traslado de expedientes, sin considerar el impacto que esto tiene en las víctimas y sus familias, quienes deben movilizarse repetidamente hacia espacios que no están preparados para recibirlos adecuadamente.
Estas prácticas no sólo vulneran derechos fundamentales, sino que tienen consecuencias directas: los casos se archivan, los agresores quedan libres y los niños quedan más expuestos y desprotegidos que antes. Es imprescindible revisar con urgencia los protocolos de intervención y garantizar que las pericias se realicen bajo criterios técnicos, humanos y con perspectiva de infancia real. En los casos de acoso judicial o violencia institucional contra familias de niños pequeños, la exposición al daño es especialmente sensible para los menores, que son literalmente acosados, por un sistema de justicia lleno de múltiples peritajes constantes, repetitivas, reiteradas, ahondando la vulnerabilidad y la revictimización.
