En medio de una profunda crisis de legitimidad, con múltiples investigaciones fiscales abiertas contra su gobierno y a un año de las elecciones generales de 2026, la presidenta Dina Boluarte lideró este lunes la 133ª sesión del Acuerdo Nacional, desde donde volvió a apelar a la “seguridad” como piedra angular de la democracia, sin hacer alusión alguna a las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su gestión.
Durante su discurso en la Sala Puruchuco del Centro de Convenciones de Lima, Boluarte declaró que “no podemos hablar de democracia sin seguridad” y aseguró que su gobierno “reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia”, en referencia a la criminalidad organizada.
Sin embargo, evitó mencionar que bajo su mandato se registraron más de 50 muertes en protestas sociales, la mayoría de ellas causadas por agentes del Estado, según informes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
“Se politizó, manipuló y debilitó el Estado en sus columnas vertebrales y hoy estamos viendo las consecuencias del desborde de la más avezada delincuencia”, dijo Boluarte, sin ofrecer un balance autocrítico sobre las acciones de su gobierno ni presentar resultados concretos en materia de lucha contra el crimen organizado.
La mandataria agregó que su administración está “fortaleciendo a la Policía Nacional” y que lucha “contra los que buscan su desprestigio y debilitamiento”. Esta afirmación ocurre en un contexto particularmente sensible: en los últimos meses, se han aprobado leyes que amplían el uso de armas de fuego por parte de agentes policiales, mientras la ciudadanía cuestiona la impunidad con la que se sigue reprimiendo a manifestantes en diversas regiones del país.
Ola de inseguridad
La sesión del Acuerdo Nacional tuvo como tema principal “los retos que la polarización y la inseguridad plantean a la gobernabilidad democrática”, un título que anticipaba el enfoque del gobierno. Además del Ejecutivo, participaron representantes de los gobiernos regionales y locales, así como los titulares de organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Ministerio Público.
La presencia de los ministros del Interior, Defensa y Justicia, así como del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, revela que el eje discursivo del gobierno ha optado por militarizar la respuesta a los problemas estructurales, en lugar de abordarlos desde un enfoque de derechos humanos, justicia social y diálogo político.
Este mensaje de Boluarte se da en el contexto de una serie de asesinatos ejecutados por extorsionadores que se dedican a cobrar cupos a trabajadores de diversos sectores. Entre los más afectados están los transportistas, quienes han convocado a una protesta ciudadana contra la inacción del Gobierno y la presunta complicidad de los políticos con organizaciones criminales. Una muestra de que las medidas tomadas por el Estado son ineficaces ha sido lo ocurrido hoy en la Avenida Faucett en Lima, donde dos conductores fueron asesinados en una zona que estaba militarizada por el Estado de Emergencia. Los militares solo fueron testigos y no pudieron actuar, ya que el uso de armas para combatir la inseguridad ciudadana es una función exclusiva de la Policía.
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