El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, firmó este martes la autógrafa de ley que modifica la Ley 27692 de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en un acto junto a la congresista María Acuña Peralta (APP). La modificación ha generado el rechazo de organizaciones indígenas, de derechos humanos y de la sociedad civil, que advirtieron que esta norma vulnera el derecho a la libre asociación y busca debilitar el trabajo de defensa de derechos fundamentales en el país.
“La norma es un paso firme para garantizar el uso de recursos en bien del desarrollo del país”, escribió Salhuana en su cuenta de X, sin mencionar que diversos actores han calificado esta ley como inconstitucional por no haber sido sometida a consulta previa a los pueblos indígenas.
La modificatoria de la Ley APCI impone nuevos requisitos de fiscalización a todas las organizaciones que reciben cooperación internacional, incluso aquellas que no acceden a beneficios fiscales. Tal como advirtió la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, “un nivel de control sin precedentes” y un peligroso avance hacia la censura.
“Se restringe para qué pueden asociarse las organizaciones y en qué pueden destinar sus fondos”, declaró en "Es lo que hay" de #LaMulaStream.
En la misma línea, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), explicó que esta ley forma parte de una agenda del Congreso “que busca dejar en la impunidad a quienes cometieron violaciones de derechos humanos”. Cano advirtió que casos que hoy están en la Corte Interamericana, como el de una víctima de violación sexual, podrían quedar en el abandono. “Quieren que las víctimas no tengan defensa”, aseveró.
En "Al Filo” de #LaMulaStream, Martha Cuentas, de la Asociación Nacional de Centros (ANC), recordó que las ONG ya están altamente fiscalizadas por la APCI, la Sunat y la UIF, y que el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la libre asociación como pilar democrático.
Para los pueblos indígenas, la amenaza es aún mayor. Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció que con esta norma “se paralizarán más de 30 procesos judiciales en defensa de pueblos indígenas en aislamiento y líderes asesinados”.
“Esto es una mordaza. El Estado no quiere que lo critiquemos ni que judicialicemos sus abusos”, añadió.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) reiteró que esta ley debió ser consultada antes de su aprobación.
“Es inconstitucional. Si el Ejecutivo no la observa, tomaremos medidas de acción directa”, expresó Danitza Quispe, dirigenta de ONAMIAP.
La Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas (FENMUCARINAP) también alertaron sobre el debilitamiento institucional de sus organizaciones.
“Esta ley afecta no solo a las ONG sino a cualquier organización de la sociedad civil que busca justicia y democracia. Pretende cerrar los espacios de participación y crítica. Por eso la llamamos ‘ley mordaza’”, advirtieron desde la Unión Nacional de Comunidades Aymaras.
Organizaciones de la sociedad civil han anunciado que recurrirán a instancias internacionales si el Ejecutivo no observa esta ley. “No nos callarán”, fue el mensaje conjunto al finalizar la conferencia de prensa en la que se ratificó el llamado a la movilización nacional e internacional.
[Foto de portada: Congreso de la República]
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