La abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, experta en derecho indígena y directora del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), denunció que el otorgamiento de concesiones mineras sin consulta previa vulnera el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, poniendo como ejemplo el Caso Río Blanco, donde comunidades afectadas han demandado al Estado.
“La sola concesión ya viola el derecho de los pueblos a decidir qué hacer con su territorio”, afirmó Yrigoyen en el programa “Al Filo” de #LaMulaStream.
En entrevista con Javier Torres, la abogada explicó que la normativa minera vigente, que data del gobierno de Alberto Fujimori en 1992, permite la expropiación administrativa de tierras comunales sin necesidad de una ley expresa.
“La Constitución dice que solo se puede expropiar por una ley y cuando hay un interés público, pero este decreto minero permite que el concesionario solicite una servidumbre por vía administrativa”, indicó la especialista.
Yrigoyen precisó que, bajo este marco legal, las comunidades indígenas y campesinas pierden el control sobre su territorio desde el momento en que el Estado otorga una concesión minera, pues esta faculta a las empresas a solicitar la expropiación de terrenos si los comuneros se oponen al ingreso de maquinaria.
“Si el dueño del terreno superficial, es decir, la comunidad, no quiere dar la autorización al concesionario, esta legislación minera dice que el dueño de la concesión puede pedir una servidumbre por vía administrativa o que se expropie el territorio de la comunidad”, explicó.
La abogada recordó que, en el caso Yanacocha, este mecanismo se usó para expropiar parte del territorio de la comunidad San Andrés de Negritos.
“No necesitan expropiar a todas las comunidades, basta con que expropien una o dos y generan un clima de pánico y coerción”, advirtió.
Yrigoyen señaló que esta política extractivista choca con la Constitución peruana y con tratados internacionales suscritos por el país.
“La Constitución dice que son las comunidades las que definen el uso de su territorio. Además, el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, resaltó.
Sin embargo, en Perú las concesiones mineras siguen otorgándose sin consulta, bajo el argumento de que aún no se ha definido la fase de explotación.
“Dicen que no se puede hacer una consulta antes de la concesión porque no se sabe dónde se hará la perforación, pero la sola concesión ya otorga derechos que afectan el territorio y la vida de las comunidades”, criticó.
El Caso Río Blanco: concesiones sin consulta y represión
El Caso Río Blanco involucra 17 concesiones mineras otorgadas entre 2002 y 2005 sin consulta previa a las comunidades Segunda y Cajas y Yanta, ubicadas en la sierra de Piura, cerca de la frontera con Ecuador. Estas comunidades, pertenecientes a los pueblos originarios Guayacundo, Caxas y Ayahuacas, han enfrentado represión y violencia desde que comenzaron a movilizarse contra el proyecto minero a tajo abierto, que amenaza sus fuentes de agua y el ecosistema del bosque de neblinas.
En 2005, el dirigente indígena Melanio García González fue asesinado en el campamento minero de Majaz (hoy Río Blanco), donde además fueron torturadas 28 personas. Años después, en 2009, Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama fueron asesinados en incursiones vinculadas a la actividad minera en la zona.
Demanda contra el Estado
Tras más de dos décadas de resistencia, las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta presentaron en 2024 una petición de nulidad de las concesiones ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que se declaró incompetente. En agosto, la solicitud pasó a INGEMMET, que también se negó a resolver el caso. Ante la falta de respuesta, el 30 de enero de 2025, las comunidades iniciaron un proceso judicial contra el Estado, cuya audiencia fue programada para el 13 de marzo, pero debió reprogramarse para el 23 de abril debido a fallas en la notificación de MINEM e INGEMMET.
[Redacción: Jorge Paucar Albino]
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