El Congreso de la República aprobó la modificación de la Ley 27692, que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en una decisión que, según expertas en derechos humanos, atenta contra la libertad de asociación y busca restringir el trabajo de las organizaciones que defienden a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), denunció que esta medida responde a un intento de dejar en indefensión a las víctimas y blindar a los responsables de crímenes de Estado.
“Este es un Congreso de la impunidad, dedicado a garantizar la impunidad de criminales de los años 80 y 90, así como de aquellos responsables de masacres en las recientes protestas sociales”, afirmó en el programa "Es lo que hay" de #LaMulaStream.
En entrevista con Martín Sarmiento, Cano advirtió que la nueva normativa impediría que organizaciones de derechos humanos continúen litigando en defensa de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual cometidas por agentes del Estado.
“Tenemos un caso de una mujer que fue víctima de violación sexual y su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta ley, tendríamos que renunciar a su defensa, dejándola completamente desprotegida”, explicó.
La abogada también alertó sobre la desigualdad que impone la norma, ya que, mientras restringe el trabajo de las ONG en la defensa de víctimas, el Estado sigue financiando la defensa legal de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
“El Estado le sigue pagando honorarios a los abogados privados de aquellos militares y policías responsables de crímenes. Lo que quieren ahora es que las poblaciones vulnerables no tengan quién las defienda”, aseveró.
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, sostuvo que la reforma de la APCI vulnera el derecho a la libre asociación al imponer un control estatal excesivo sobre las actividades de las ONG.
“Esta ley restringe para qué pueden asociarse las organizaciones y en qué pueden destinar sus fondos. Es un nivel de control sin precedentes”, subrayó.
Navarro también destacó que, con la nueva normativa, todas las organizaciones que reciban cooperación técnica deberán registrarse y detallar cada una de sus actividades, lo que representa una medida de supervisión arbitraria.
“Antes, solo debían registrarse aquellas con beneficios fiscales. Ahora, cualquier organización que reciba fondos de cooperación deberá reportar absolutamente todo lo que hace. Esto abre la puerta a la censura y al uso político de la supervisión”, señaló.
Desde el Congreso, los promotores de la norma, como los legisladores Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular), han justificado la medida afirmando que busca “transparentar el financiamiento de ONG que interfieren en la política nacional”. Sin embargo, Cano y Navarro advierten que su verdadero objetivo es “silenciar la disidencia y debilitar a las organizaciones que cuestionan los abusos del Estado”.
Mira la entrevista completa en “Es lo que hay” de #LaMulaStream.
[Foto de portada: Andina]
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