La presidenta Dina Boluarte aseguró que está considerando la implementación de la pena de muerte para combatir el sicariato en el país, tras el asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10. Sin embargo, especialistas advierten que la Constitución y tratados internacionales ratificados por el Perú impiden la aplicación de esta medida.
Un discurso sin sustento legal
Durante la inauguración del año escolar en el colegio Imperio del Tahuantinsuyo, en Lima, la mandataria calificó de “malditos asesinos” a los responsables del crimen y afirmó:
“Estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos”.
Ante ello, debemos recordar que Perú es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la ampliación de la pena de muerte.
A pesar de las declaraciones de Boluarte, su Gobierno no ha presentado un plan estructural contra el crimen organizado y continúa apostando por el despliegue militar en las calles.
El ministro de Educación, Morgan Quero, también declaró sobre la coyuntura y comparó la actual ola de violencia con el “terrorismo urbano”. Además, defendió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que podría ser censurado.
El Gobierno deberá explicar cómo pretende enfrentar la crisis de seguridad sin recurrir a medidas inviables. Mientras tanto, el Congreso evalúa la censura del ministro Santiváñez, en medio de crecientes cuestionamientos a la gestión gubernamental en materia de seguridad.
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