El Congreso de la República ha convertido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en un instrumento de persecución política contra exautoridades que han sido críticas con el actual gobierno, afirmó la abogada y expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, durante una entrevista en el programa Al Filo de #LaMulaStream, conducido por Javier Torres.

“Esto nos hace pensar que no se pretende realmente usar esta subcomisión para investigar graves infracciones. Esta instancia está para casos que ponen en riesgo la gobernabilidad del país, la estabilidad del Estado. Sin embargo, últimamente, ¿contra quiénes han enfilado las denuncias? Solo contra aquellos que hemos sido críticos con el grupo que hoy gobierna y hemos denunciado hechos irregulares”, sostuvo Vásquez.

Denuncias selectivas y procesos irregulares

La ex primera ministra denunció que el Congreso prioriza los casos de exfuncionarios sobre hechos ya resueltos por el Tribunal Constitucional, mientras deja de lado denuncias graves contra congresistas y la propia presidenta Dina Boluarte.

“Nosotros lo único que pedimos es que se revise los casos de manera objetiva. Hay una serie de denuncias constitucionales por graves hechos dentro del Congreso que deberían priorizarse. Está el caso de los llamados ‘Mochasueldos’, personas que han robado a los trabajadores, casos de congresistas que han cometido delitos en el ejercicio de su función e, incluso, denuncias contra la presidenta de la República. Pero en lugar de investigarlos, se concentran en procesos que solo generan dudas sobre sus verdaderas intenciones”, advirtió.

Vásquez también cuestionó que se insista en procesos ya resueltos jurídicamente, como el caso de Salvador del Solar, denunciado por el cierre del Congreso en 2019.

“Su caso ha prescrito. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que todo fue legal, pero el Congreso no quiere respetar la norma y sigue adelante con el proceso. Esto no es justicia, es revancha política”, sentenció.

Una democracia debilitada

Para la abogada, el uso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con fines políticos atenta contra la estabilidad democrática.

“Nos han puesto en un grupo al que quieren castigar, una revancha política que no es saludable para la democracia. La justicia debe ser imparcial y objetiva, pero lo que vemos es una instrumentalización del Congreso para eliminar adversarios políticos”, concluyó.

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