El Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), la sociedad de vida apostólica fundada en Perú en 1971, estaría a punto de ser disuelta por orden del Papa Francisco. La medida, aún no anunciada oficialmente por el Vaticano, habría sido comunicada de manera informal a los miembros de la organización reunidos en Brasil, según diversas fuentes de la Iglesia y denunciantes de la institución.
La decisión del Vaticano
De acuerdo con el portal InfoVaticana, el cardenal Gianfranco Ghirlanda, designado por la Santa Sede para supervisar la reforma del SCV, anunció durante una Asamblea General en Aparecida, Brasil, que la disolución fue autorizada por el Papa. Esta decisión se basa en la inmoralidad del fundador, Luis Fernando Figari, quien fue expulsado en 2024, y en la falta de un carisma legítimo que sustente la continuidad de la organización.
“La versión que manejamos es que el Vaticano contactó a Ghirlanda para informar que la supresión ya ha sido decidida, y él fue quien divulgó la noticia entre los miembros del Sodalicio”, declaró José Enrique Escardó, el primer denunciante de la organización, en una entrevista exclusiva con La República.
Según Escardó, la noticia se filtró a través de grupos internos de WhatsApp y redes sociales, lo que generó diversas reacciones tanto dentro como fuera de la comunidad.
Reacciones
El anuncio de la posible disolución ha generado diversas posturas entre exmiembros del SCV y sectores conservadores de la Iglesia. Alejandro Bermúdez, periodista católico y exsodalite expulsado, acusó al Vaticano de cometer una injusticia. “Espero que los miembros del Sodalicio resistan este último acto de injusticia”, declaró a InfoVaticana, sugiriendo que el sacerdote Jordi Bertomeu, responsable de la investigación, habría influenciado negativamente la decisión del Papa.
Por su parte, Escardó aseguró que la filtración de la noticia por parte de figuras críticas al Vaticano confirma su veracidad. “Cuando Alejandro Bermúdez critica abiertamente al Papa y al Vaticano, es porque la información es real. Todo apunta a que la supresión es inminente”, señaló.
Desafíos legales y financieros
A pesar de la disolución, los problemas legales y financieros del Sodalicio continúan. Escardó advirtió que los procesos judiciales contra periodistas como Pedro Salinas y Paola Ugaz no cesarán, ya que fueron iniciados por terceros vinculados a la organización.
“El Sodalicio ha usado intermediarios para presentar denuncias, por lo que la disolución no necesariamente pondrá fin a estos ataques legales”, explicó.
Asimismo, destacó que la institución habría transferido gran parte de su patrimonio a terceros, dificultando las reparaciones a las víctimas. “En años recientes, han transferido propiedades y fondos a aliados como Rafael López Aliaga, lo que complica la posibilidad de justicia para las víctimas”, denunció.
Supervisión tras la disolución
Se espera que el sacerdote español Jordi Bertomeu asuma la supervisión del proceso de disolución. Su misión incluiría la gestión de los bienes remanentes, la reubicación de los miembros activos y la reparación a las víctimas.
“El proceso podría tardar meses, incluso años, dado el nivel de encubrimiento financiero que han llevado a cabo”, advirtió Escardó.
Mientras tanto, la comunidad espera un pronunciamiento oficial del Vaticano que aclare los pasos a seguir y determine el destino de los aproximadamente 120 miembros restantes del Sodalicio, entre los cuales se encuentran 35 sacerdotes.
Un avance hacia la justicia
A pesar de los desafíos, Escardó considera que la disolución representa un paso significativo en la lucha por la justicia dentro de la Iglesia.
“Esta decisión del Papa es un avance importante. No es la solución definitiva, pero es el paso más contundente que se podía tomar. Esperamos que el proceso continúe hasta que las autoridades civiles asuman su responsabilidad”, concluyó.
[Foto de portada: EFE]
