Este domingo, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N° 32250, que modifica el Código Penal para endurecer las penas por tráfico de drogas, incorporando por primera vez al fentanilo dentro de la lista de sustancias sometidas a restricciones extremas.
El artículo 297, que regula las formas agravadas de tráfico ilícito de drogas, ha sido modificado para incluir al fentanilo y sus análogos. La reforma establece que la comercialización de más de tres miligramos de esta sustancia será sancionada con penas de entre 25 y 35 años de prisión, en caso de que el responsable actúe como jefe, dirigente o cabecilla de una organización delictiva. Además, se ha incorporado un nuevo párrafo que agrava la pena si el tráfico ilícito de drogas financia actividades terroristas o vulnera la vida, integridad física o libertad de una persona.
El artículo 298, que regula las formas atenuadas de elaboración, comercialización y posesión, ha sido actualizado para incluir penas de entre 3 y 7 años de prisión para quienes posean hasta un miligramo de fentanilo, además de otras sustancias como 100 gramos de marihuana o 10 gramos de sus derivados.
Recordemos que el artículo 296, que establece el marco general del tráfico ilícito de drogas en el país, solo sanciona el tráfico y no la posesión para consumo personal. Sin embargo, la nueva normativa genera preocupación, ya que el endurecimiento de penas podría derivar en interpretaciones que penalicen indirectamente a los consumidores.
Además, la Ley N° 32250 también declara de interés nacional la prevención del consumo de drogas en el país. Dispone que el Estado, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, implemente programas de educación, información y rehabilitación con énfasis en la reinserción social de las personas afectadas por el consumo de drogas.
El impacto del fentanilo en el sistema de salud
El fentanilo es un opioide sintético aprobado para su uso médico como analgésico y anestésico. Su potencia es entre 50 y 100 veces mayor que la morfina, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para tratar el dolor severo en entornos hospitalarios. Sin embargo, su mal uso en el mercado negro ha generado una crisis de sobredosis en países como Estados Unidos. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), una dosis de fentanilo mal administrada puede causar depresión respiratoria, coma e incluso la muerte.
Desde un punto de vista farmacológico, el fentanilo es altamente eficaz en su uso clínico, pero su prohibición fuera del ámbito médico dificulta la supervisión adecuada y el acceso seguro para quienes lo necesitan legítimamente. La política de criminalización puede obstaculizar el tratamiento del dolor crónico y de pacientes paliativos, al generar restricciones excesivas para su acceso en el sector salud.
Un modelo punitivo con riesgos comprobados
Según un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la experiencia internacional ha demostrado que la represión no ha frenado el tráfico de fentanilo. En su informe sobre las políticas de Trump, WOLA señala que “las acciones de ejecución como detenciones e incautaciones dan la impresión de una acción gubernamental efectiva, pero en realidad perpetúan el modelo de negocio del narcotráfico”.
La organización sostiene que, tras años de implementación de medidas represivas en EE.UU., la crisis de sobredosis se ha mantenido en niveles alarmantes, evidenciando que la criminalización no aborda las causas estructurales del problema.
“La prohibición incentiva a los traficantes a optar por drogas más potentes y compactas, como el fentanilo, que son más fáciles de contrabandear y producen mayores beneficios en el mercado negro”, señala el informe.
Alternativas a la represión
Las políticas de drogas basadas en la represión han demostrado ser ineficaces para abordar el problema del consumo y tráfico de sustancias ilícitas. En lugar de reducir el uso de drogas o la criminalidad asociada, estas políticas han incrementado la violencia, la corrupción y la sobrepoblación carcelaria. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han impulsado un cambio de paradigma que prioriza la salud pública y los derechos humanos sobre el enfoque punitivo tradicional.
Amnistía Internacional sostiene que las políticas represivas de drogas han exacerbado la discriminación, afectando desproporcionadamente a comunidades vulnerables y marginadas. En su informe, AI subraya que la guerra contra las drogas ha llevado a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas. En este sentido, la organización aboga por la descriminalización del consumo personal y la adopción de políticas centradas en la reducción de daños, el acceso a servicios de salud y el respeto por la dignidad de las personas que usan drogas.
El enfoque basado en la salud pública promueve estrategias como programas de sustitución de opioides, distribución de naloxona para prevenir sobredosis de fentanilo, así como el acceso a centros de consumo supervisado. Estas iniciativas, respaldadas por la evidencia científica, han demostrado ser eficaces para reducir la mortalidad, prevenir enfermedades transmisibles como el VIH y la hepatitis C, y conectar a los consumidores con servicios de tratamiento y apoyo social.
La campaña #ApoyeNoCastigue
La campaña #ApoyeNoCastigue (Support. Don’t Punish) es un movimiento global que aboga por políticas de drogas basadas en la reducción de daños y el respeto a los derechos humanos. A través de movilizaciones, acciones de sensibilización y presión política, esta iniciativa busca poner fin a la criminalización de las personas usuarias de drogas y redirigir los recursos estatales hacia programas de salud y prevención. En países como Portugal y Suiza, donde se ha priorizado la atención médica sobre la represión, se ha logrado una reducción significativa en las tasas de sobredosis y criminalidad relacionada con las drogas.
La campaña sostiene que, en lugar de invertir en encarcelamientos masivos y operativos represivos, los gobiernos deben destinar recursos a intervenciones basadas en la evidencia, como la educación preventiva, el acceso a servicios de reducción de daños y la regulación de sustancias para garantizar la calidad y seguridad de los productos consumidos.
Hacia un cambio de paradigma
Expertos en salud pública y derechos humanos coinciden en que la reforma de las políticas de drogas es una necesidad urgente. La criminalización ha demostrado ser ineficaz y contraproducente, mientras que la regulación y las estrategias de reducción de daños ofrecen alternativas más humanas y eficaces. Un enfoque más justo y efectivo debería considerar:
• La descriminalización del consumo y posesión de drogas para uso personal.
• La inversión en campañas de sensibilización como #ApoyeNoCastigue para cambiar la percepción social del problema de drogas.
• La implementación de programas de atención integral para personas usuarias, con énfasis en la reinserción social.
• La regulación de sustancias como el cannabis para reducir el mercado ilícito y generar recursos destinados a la salud pública.
[Foto de portada: Getty Images]
Más en LaMula.pe:
El Vaticano disolvería el Sodalicio de Vida Cristiana por abusos y corrupción
“Sin liderazgo, los casos Lava Jato pueden diluirse en la nada”, advierte José Ugaz
“Este año será el más violento por culpa de un Congreso que tumbó la legislación existente”
