Una reciente sentencia de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima marcó un precedente clave en la interpretación legal sobre el uso de cannabis en comestibles. En un fallo que confirma la absolución de una mujer acusada de microcomercialización, los magistrados declararon la conducta como atípica bajo el marco legal vigente.
El caso se remonta a septiembre de 2020, cuando la acusada fue intervenida cerca de la Estación Central del Tren Ayacucho con brownies y galletas que contenían cannabis sativa. La Fiscalía argumentaba que estos productos estaban destinados a la venta y solicitaba 8 años de prisión. Sin embargo, la defensa demostró que no existían pruebas suficientes para sustentar esta acusación. “No se han encontrado elementos objetivos, como registros de clientes o transacciones”, señala la resolución.
El abogado Pedro Vera, conocido como The Stoners Lawyer, explicó en el programa "Amigos con Derechos" de LP cómo se logró el sobreseimiento en la etapa de control de la acusación.
“Convencimos al juez de que no había una conducta típica y tampoco había posibilidad de incorporar nuevos elementos a la investigación”, detalló.
Vera también destacó los errores recurrentes en la interpretación legal y pericial de estos casos. Según explicó, las autoridades suelen considerar el peso total del comestible como si fuera materia vegetal, inflando artificialmente las cantidades de cannabis.
“La Fiscalía imputaba favorecimiento al tráfico por 400 gramos porque pesaban todo el pastel. Sin embargo, los peritos determinaron que en realidad había solo 7 gramos de cannabinoides, distribuidos en tres comestibles. Esto demuestra una falta de comprensión sobre el uso de metabolitos en los alimentos infusionados”, señaló.
El fallo también pone en evidencia los prejuicios que aún persisten en el sistema judicial respecto al cannabis. Vera subrayó que, en muchos casos, “los magistrados envían a personas a prisión basándose en suposiciones o prejuicios, en lugar de pruebas objetivas”. Según el abogado, el derecho penal exige certezas, y las pruebas cualitativas de detección de cannabinoides no son suficientes para fundamentar una condena.
Esta sentencia reabre el debate sobre la necesidad de una regulación más clara e inclusiva del cannabis en sus diversas presentaciones, así como la capacitación de operadores de justicia en este tema. Este caso muestra que es urgente que los policías y fiscales comprendan las diferencias entre metabolitos y materia vegetal para evitar acusaciones desproporcionadas que criminalizan a usuarios y pacientes.
El fallo sienta una jurisprudencia que podría beneficiar a otros casos similares en el futuro.
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[Foto de portada: Getty Images]
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