La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 17 votos a favor, la restitución de la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución de 1993. Este documento fue promulgado durante su régimen tras el autogolpe de Estado de 1992. La medida revoca la Ley 27600, que había eliminado su rúbrica en 2001, luego de su vacancia y fuga a Japón.

La iniciativa, que aún deberá ser sometida a una segunda votación, fue presentada por los legisladores fujimoristas, pero ha generado un fuerte rechazo desde sectores críticos. Ruth Luque, congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, sostuvo que esta decisión busca “borrar que Fujimori fue un dictador, vacado y condenado por violaciones de derechos humanos”.

El legislador fujimorista Fernando Rospigliosi defendió la aprobación, argumentando que se trata de una “reivindicación histórica” y no de un juicio sobre los actos de Fujimori. “Nunca antes se había eliminado la firma de un presidente de la Constitución”, afirmó durante el debate.

Fujimori, quien falleció en septiembre de 2024, cumplió condena por crímenes de lesa humanidad y corrupción, incluyendo su responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Su régimen también es señalado por graves violaciones de derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas y la privatización irregular de empresas estatales, casos que aún generan repercusiones legales y sociales.

Organismos internacionales, como la Corte IDH y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), han responsabilizado al régimen de Fujimori por violaciones graves de derechos humanos y laborales, incluyendo indemnizaciones ordenadas a víctimas de abusos y sentencias por esterilizaciones forzadas.

La restitución de la firma de Fujimori en la Carta Magna ha reabierto el debate sobre su legado y la narrativa histórica que se busca construir desde el Congreso, en un contexto de creciente polarización política.

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