El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por sus polémicas declaraciones sobre los derechos humanos y las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023. Durante una visita a Piura, Quero afirmó que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, en respuesta a una pregunta sobre los fallecidos en dichas manifestaciones.

Estas declaraciones, dadas el 11 de diciembre, generaron indignación en diversos sectores y motivaron hasta tres denuncias penales en su contra. Una de ellas, presentada por la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022-2023, acusa al ministro de discriminación e incitación a la discriminación, delitos contemplados en el artículo 323 del Código Penal.

En la denuncia de los familiares de las víctimas, se señala que las declaraciones del ministro constituyen una ofensa grave hacia la memoria de sus seres queridos y una vulneración directa a sus derechos fundamentales. Además, enfatizan que estos comentarios buscan justificar la impunidad frente a los excesos cometidos por las fuerzas del orden. Los denunciantes exigen que Quero sea destituido y que el Ministerio Público actúe con celeridad para garantizar justicia.


Respuesta de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo calificó las declaraciones de Quero como “deplorables” y pidió su inmediata destitución. “Estas afirmaciones ofenden la memoria de las víctimas y reavivan el sufrimiento de sus familiares”, señaló la entidad en un comunicado, exigiendo respeto hacia quienes fallecieron durante las protestas.


La versión de Quero y su citación ante la Fiscalía

Quero negó haber referido sus palabras a las víctimas de las protestas y afirmó que hablaba en el contexto de derechos humanos para violadores. “Rechazo cualquier tergiversación de mis declaraciones; el espacio no permitía un diálogo fluido”, aseguró el ministro a medios locales.

Sin embargo, su versión no ha frenado el proceso legal. La Fiscalía lo ha citado para el próximo 10 de enero, fecha en la que deberá rendir su manifestación en el marco de la investigación preliminar.


Las víctimas de la represión

Las manifestaciones sociales a finales de 2022 e inicios de 2023 dejaron más de 50 personas fallecidas, en su mayoría por enfrentamientos con agentes del Estado. Organismos nacionales e internacionales han señalado la necesidad de investigar las circunstancias de estas muertes para garantizar justicia y reparación a las víctimas.

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