El abogado Carlos Rivera, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), denunció en el programa “Al Filo” de La Mula TV que la intención detrás de los recientes proyectos de ley del Congreso contra las ONG no es solo fiscalizarlas, sino silenciar las voces críticas.
“La razón de fondo es que buscan que no haya disidencia en Perú”, afirmó durante su entrevista con Javier Torres.
Un golpe a la disidencia y los derechos humanos
Rivera explicó que las medidas promovidas en el Congreso buscan debilitar a las organizaciones no gubernamentales que cuestionan los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos.
“No quieren instituciones, personajes u organizaciones que cuestionen los asuntos graves que ocurren en el país, como los asesinatos de líderes ambientales, los problemas del sistema educativo, las violaciones de normas medioambientales o la violencia de género”, señaló.
Además, destacó que muchas de estas ONG han sido incómodas para congresistas que enfrentan denuncias por violaciones de derechos humanos.
Rivera criticó específicamente al congresista Alejandro Aguinaga, quien impulsó estas medidas mientras enfrenta denuncias de este tipo.
“Aguinaga debería retirarse de este tipo de discusiones porque está legislando contra instituciones que lo han denunciado penalmente. Pero en el Congreso, ese dato es irrelevante”, subrayó.
La comunidad internacional también alza la voz
El abogado recordó que las iniciativas del Congreso no solo han generado rechazo interno, sino también de la comunidad internacional.
“En junio, al menos 16 embajadas de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos expresaron su disconformidad por el manejo de esta norma que afecta no solo a las ONG, sino también a las organizaciones que gestionan fondos de cooperación internacional”, explicó.
Rivera señaló que estas críticas revelan el alcance de la confrontación del Congreso con las ONG y la comunidad internacional.
“Esto no se trata solo de fiscalización; es un intento de control político y de neutralizar la cooperación internacional”, aseguró.
El impacto para la democracia
El abogado concluyó que estas medidas representan una amenaza para la institucionalidad democrática y los derechos humanos en el país. El ámbito político es clave para entender por qué han decidido confrontar con las ONG y la comunidad internacional. Esto busca desarticular las voces críticas que incomodan al poder, finalizó.
[Foto de portada: Congreso de la República]
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