La minería ilegal y la minería informal son temas clave en el debate sobre el sector extractivo en Perú. En el programa "Al Filo" de La Mula TV, José de Echave, economista, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, explicó las diferencias legales que determinan ambas actividades y las implicancias para el desarrollo de políticas públicas.
“Según el marco legal que tenemos, los mineros ilegales son aquellos que desarrollan su actividad en zonas prohibidas; es decir, hagan lo que hagan, nunca van a formalizarse porque están desarrollando sus actividades en zonas donde la minería está prohibida”, afirmó de Echave.
Estas zonas incluyen áreas rurales protegidas, territorios de comunidades campesinas, zonas de irrigación, ríos o fuentes de agua para el consumo humano. Asimismo, el uso de dragas o de menores de edad también constituye minería ilegal.
De Echave hizo énfasis en la necesidad de una adecuada interpretación legal en casos como los de las comunidades campesinas.
“Chumbivilcas es un buen ejemplo de comunidades campesinas que están haciendo minería. En estricto, hay una parte del Decreto Legislativo 1102 que dice que está prohibido hacer minería en tierras de comunidades campesinas. Se podría interpretar que la prohibición es hacia los terceros, quienes entran a territorios comunales”, explicó, dejando abierta la posibilidad de que estas comunidades puedan realizar actividades mineras en sus propias tierras bajo ciertas condiciones.
De Echave subrayó que las demandas y actividades de comunidades y sectores informales requieren un marco legal más claro y adaptado a las realidades locales.
“Hay una minería que está siendo realizada por comunidades campesinas en el sur andino, y habría que analizar si el marco legal les permite hacer minería en sus tierras o si se requiere una reforma para establecer mecanismos claros”, concluyó.
El economista resaltó la importancia de diferenciar claramente entre minería ilegal y minería informal, señalando que esta última, si bien no cumple con toda la normativa, no opera en zonas prohibidas y tiene el potencial de formalizarse con el apoyo de políticas adecuadas.
Contexto actual del sector minero
El debate sobre la formalización minera ha cobrado relevancia en las últimas horas tras la censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por parte del Congreso. Este hecho ocurrió en medio de protestas de gremios de mineros artesanales que exigen ampliar el plazo para su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence el 31 de diciembre de 2024.
La censura, impulsada por diversas bancadas del Congreso, como Fuerza Popular, fue aprobada con 79 votos a favor. Según el Parlamento, Mucho no cumplió con la presentación oportuna de una ley que reemplace al Reinfo, dejando en incertidumbre a miles de mineros informales. Se estima que la minería artesanal reúne a cerca de medio millón de personas en el país, muchas de las cuales dependen de esta actividad para subsistir.
Las movilizaciones de estos gremios, que incluyeron bloqueos de carreteras y protestas en Lima, evidencian la falta de consenso entre las autoridades para abordar la formalización minera. Si bien el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que otorga seis meses adicionales para completar el proceso, este no ha sido bien recibido por los mineros, quienes consideran insuficiente el plazo propuesto.
La minería en Perú sigue siendo un motor de la economía nacional, pero su impacto ambiental y social plantea retos urgentes. Según las autoridades, la formalización de la minería artesanal busca minimizar los daños ambientales y reducir los conflictos sociales asociados a esta actividad.
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[Foto de portada: Andina]
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