Escriben: Caroline Weill - Doctorante en Antropología en el EHESS (Escuela de altos estudios en ciencias sociales), París, e investigadora asociada al Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)
Carlos Alberto Castro - Antropólogo e investigador (Grupo Propuesta Ciudadana / Pontificia Universidad Católica del Perú)
Esteban Escalante - Antropólogo (Pontificia Universidad Católica del Perú)
"Las opiniones y posturas vertidas en este texto se hacen a título personal de los autores y no reflejan necesariamente las de las instituciones a las que se encuentran vinculados."
Este 25 de noviembre se publicó un artículo en el diario La República titulado “Los pueblos que enfermaron de oro”, el cual aborda el auge de la minería desde las comunidades en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Este artículo representa este proceso de forma estigmatizante, maniquea y sin contemplar matices que resultan cruciales al momento de abordar un tema tan complejo en la actualidad. Nos animamos a escribir este texto a forma de respuesta, pues en el mencionado artículo se usan nuestras investigaciones como sustento de algunos de sus planteamientos. Sin embargo, al hacerlo, se tergiversan varios de nuestros argumentos principales. Por ello, planteamos a continuación una serie de aclaraciones y críticas, con el ánimo de contribuir a desestigmatizar la apuesta de muchos comuneros del sur andino que se dedican o participan de esta actividad como forma de enfrentar la exclusión, la dominación y la pobreza.
En primer lugar, es importante partir de que la actividad minera considerada ilegal o informal no es igual en todo el país. Por ejemplo, casos como Madre de Dios o La Libertad distan mucho de la realidad de la minería en Chumbivilcas. En cada caso existe una gran heterogeneidad, así como también distintos procesos históricos de consolidación de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en el territorio. No reconocer estas diferencias conlleva el riesgo de homogenizar bajo la categoría de "mineros informales" o "ilegales” a la diversidad de personas involucradas en esta actividad, así como de criminalizarlas y de generar desconfianza entre distintos grupos sociales.
De tal modo, el artículo al que nos referimos afirma que en Chumbivilcas "después de la pandemia, llegaron los buscadores de oro y desplazaron a los mineros artesanales". Sobre este asunto, si bien mucha población retornante a comunidades tras el confinamiento social y paralización económica empezó a dedicarse a la minería en sus localidades, estos no desplazaron a los mineros artesanales de la zona; sino que fueron los propios mineros locales los que, tras ampliar sus redes de asociación e inversión, tecnificaron e intensificaron su actividad minera. Como autores nunca hemos planteado ni afirmado el fenómeno del desplazamiento por externos en nuestras investigaciones, aunque el artículo en cuestión nos cita para sostener este planteamiento. En la misma línea, nos parece problemático hablar de "desplazamiento" para este caso, pues remite al imaginario de grupos que a través de la coerción o las armas despojan de su territorio a las comunidades locales, procesos que sí pueden estar ocurriendo en otras partes del pais. Insistimos que este no es el caso en Chumbivilcas .
En segundo lugar, el artículo de La República sostiene una mirada que estigmatiza la apuesta por "salir adelante" a través de esta actividad. Con frases como “los mineros bajan a darse la gran vida cuando cobran”, este texto reduce la apuesta por la movilidad social al consumo suntuario. Sostenemos que los cambios en las dinámicas de consumo no agotan una diversidad de experiencias y luchas económicas de la población contenidas en la actividad minera. Como también menciona este artículo, hace mucho que la agricultura familiar y de subsistencia no alcanza para una vida digna en los espacios rurales nacionales, y actualmente es gracias al dinero producido por la MAPE que los comuneros de Chumbivilcas pueden hacer estudiar a sus hijos, hacerse atender en clínicas privadas en Lima (pues la salud pública no permite un tratamiento adecuado), crearse mejores condiciones de vida o exigir un trato respetuoso y sin discriminación en las principales ciudades del país. Los comuneros mineros no aspiran a ni más ni menos que lo que la clase media urbana considera como un derecho adquirido: poder comer bien, tener una vivienda digna, educarse, viajar, hacerse de oportunidades hacia el futuro y tener un trato decente de parte de la sociedad nacional. El reclamo por salir de la exclusión histórica, la pobreza y de la dominación sostenida en la discriminación racial es un reclamo justo que, hasta la fecha, ninguna institucion pública o privada ha logrado atender a cabalidad.
En tercer lugar, es preciso hacer énfasis en un aspecto mencionado ligeramente en el artículo, pero que resulta crucial para entender este proceso. Chumbivilcas es una de las provincias que componen el llamado Corredor Minero del Sur Andino, el cual no es cualquier territorio. El Corredor articula tres megaproyectos mineros de capital transnacional a tajo abierto, de donde salen diariamente cientos de camiones llevándose recursos minerales (cobre, oro y plata, entre otros) desde las localidades en donde viven estas mismas poblaciones. Tal expansión extractiva ha despojado territorios comunales, establecido condiciones de desigualdad y desventaja para los comuneros, produciendo un esquema de distribución de beneficios fallido.
La idea citada en el artículo de que “es mejor quedarse con los minerales antes de que las empresas extranjeras se los lleven” no es un detalle menor: se trata de una pugna por el control del territorio, por la distribución de las riquezas producidas en los territorios comuneros (principalmente la renta extractiva y los recursos naturales) y por el control de la cadena productiva. En nuestro trabajo, lo entendemos como el reclamo de un "derecho de extracción", o como una forma de "reivindicación territorial" de parte de las comunidades locales. De modo que, al tratarse de población originaria y de ser legítimos dueños del territorio, las comunidades mineras reclaman el derecho a poder gozar de las riquezas producidas y de sus beneficios. Incluso, en varias comunidades, la minería les ha permitido obtener una mejor posición para negociar y tratar con las empresas mineras trasnacionales (las cuales gozan de todo el respaldo jurídico, político y policial del Estado).
Un cuarto elemento es nuestro profundo desacuerdo con la manera en que el articulo presenta el proceso de formalización de la MAPE. Al solo mostrar la entrevista a un funcionario público -el gerente regional de Energía y Minas- la perspectiva del artículo de La República sobre el tema de la formalización resulta bastante sesgada. En efecto, la minería realizada desde las comunidades de Chumbivilcas no es “ilegal” o “informal” per se. Es debido a las dificultades encontradas en los procesos de formalización que se termina calificando a tal actividad como “informal”, bajo categorías inadapatas para las realidades que pretenden regular, y normativas caducas y contradictorias entre si. Entre otras cosas, el texto sugiere que la condición de estar dentro del proceso de formalización da carta libre para "extraer, comercializar y transportar mineral". Sin embargo, lo que vemos es que la condición de informalidad se traduce más bien en condición de vulnerabilidad, pues debido a las contradicciones entre los criterios de formalización y trazabilidad en la normativa vigente, los mineros se ven estructuralmente condicionados (y no solo por decisión individual) a recurrir a canales informales de comercialización, siendo también presa fácil de redes de violencia. En este sentido, sería más riguroso hablar de "mineria ilegalizada".
Aquí también es clave destacar el rol de la Policía Nacional del Peru (PNP), quienes se encuentran en la primera linea de responsabilidad para la supervisión de las labores mineras en proceso de formalización. En campo, las personas entrevistadas afirman que los policías suelen ser socios e inversionistas de las mismas labores mineras, pues en muchos casos las "coimas" ya no se pagan en dinero, sino en acciones mineras. Afirman tambien que los policías, al tener la facultad arbitraria de decidir batidas o de incautar maquinarias y herramientas costosas, generan una situación en la que muchos mineros optan por hacer "negocios" con ellos para proteger sus inversiones. Como ejemplo, está el caso de la comisaría que se instaló en el distrito de Colquemarca "recién el 26 de setiembre", y que, como menciona el artículo, fue objeto de tensos debates en el distrito: la principal preocupación era que la presencia policial permanente agravaría los problemas de la delincuencia, los robos y las extorsiones, más que solucionarlos.
Asimismo, y por lo general, la formalización de los pequeños mineros no concluye por las deficiencias y las trabas que pone el propio Estado peruano. En Chumbivilcas, casi todos los mineros con los que nos hemos reunido buscan la manera de formalizarse. El acceso a las concesiones mineras, otorgadas por el INGEMET que suele, desde Lima, favorecer a inversionistas extranjeros, es el mayor cuello de botella de la formalización. Las concesiones disponibles han sido acaparadas ya décadas atrás, pasando de manos de hacendados a empresas juniors y a corporaciones trasnacionales. Sin la titularidad de la concesión, o sin la autorización del titular de la misma, los mineros no pueden formalizarse. A tal traba se suman los trámites lentos, costosos y complejos, que requieren de constantes viajes a Lima. Asimismo, la corrupción entre muchos funcionarios del Estado también es otro obstáculo importante que debe ser mencionado.
Un quinto elemento que contribuye a la visión estigmatizadora de la MAPE comunera aparece cuando el artículo describe el crecimiento de "(...) la contaminación, los crímenes, el alcoholismo y la explotación sexual". Lejos de relativizarlos, afirmamos que no toda la MAPE se reduce a estos fenómenos, pero más aún, que estos efectos no son patrimonio exclusivo de la MAPE o la minería informal. Los circuitos de trata de mujeres para fines de explotación sexual tienen epicentros en zonas de minería formal como Espinar o Challhuahuacho. Nuevamente, son los policías a cargo de la lucha contra la trata suelen ser socios o consumidores de dichos locales y servicios sexuales. Asimismo, la ola de criminalidad caracteriza más a la capital peruana en este momento que a cualquier otro territorio a nivel nacional.
En cuanto a la contaminación, es importante partir de que no todas las actividades mineras comuneras son iguales. El reportaje se centra en lo que sucede en la pampa de Choccoyo, la cual sin dudas es una seria fuente de contaminación, contestada incluso por otros sectores poblacionales como bien menciona el artículo. Sin embargo, esta es una experiencia particular, en medio de un rango muy diverso de "labores" mineras de diversos tamaños con impactos ambientales bastante variados; muchos de los cuales son percibidos por los mismos comuneros como inconmensurablemente menores o hasta insignificantes al lado de los producidos por la gran minería transnacional. El tema ambiental entre los comuneros mineros es una cuestión en debate, en el que también hay muchos mineros que buscan la forma de realizar operaciones responsables y de cuidar a sus propias comunidades. El tema de los impactos ambientales de la MAPE en Chumbivilcas una cuestión sobre la que aún no hay mediciones serias ni oficiales. Sostenemos que estas mediciones son urgentes, pero por lo mismo, al no haberlas, no pueden adelantarse generalizaciones.
Al igual que con la violencia, la contaminación no es patrimonio exclusivo de la MAPE. Por el contrario, la contaminación ambiental caracteriza a muchos megaproyectos extractivos realizados en el país: la contaminación del mar por parte de la empresa Repsol, los derrames de mercurio en Choropampa en el 2000, la tragedia de los niños con plomo en la sangre en La Oroya, y sin ir más lejos, la ya comprobada contaminación minera generada por la empresa Glencore en la vecina provincia de Espinar.
Para concluir este punto, afirmamos que los "males" descritos por este artículo (y la enorme mayoría de discursos mediáticos y políticos sobre el tema) no caracterizan exclusivamente a los escenarios de minería comunal o informal: caracterizan la ampliación del modelo capitalista neoliberal impuesto desde los años noventa en el país y la marginalización de mucha población en todo Latinoamérica. Es más, el auge de la MAPE en las comunidades del sur andino (así como el aumento de las actividades informales) puede entenderse como una respuesta ante la precarización, exclusión y vulnerabilidad estructural para gran parte la población rural y migrante. Situación que la pandemia del Covid-19 destapó y visibilizó.
Los escenarios de minería no son más que un ejemplo paradigmático de este modelo y de la sociedad nacional actual: una sociedad cuyo crecimiento económico no implica un desarrollo sostenible, que consume diariamente productos llenos de pesticidas y contaminantes, que vive con el miedo de los asaltos y extorsiones, que despoja a las poblaciones de sus bienes comunes, y que violenta y explota los cuerpos de las mujeres de muchas formas. Estigmatizar la minería "informal" como único escenario donde florecen estos males nos parece irresponsable, estigmatizante y francamente racista, al tratarse en este caso de comunidades campesinas y originarias.
Cerramos indicando nuevamente que este texto lo hemos escrito como respuesta al mencionado artículo publicado en el diario La República, pero también apuntando al creciente discurso que homogeniza y criminaliza esta actividad en el sur andino. En particular, la publicación de dicho artículo en el contexto de las movilizaciones de miles de mineros contra la llamada Ley MAPE y por la ampliación del REINFO nos parece problemática en tanto contribuye a una práctica de estigmatización prevalente en los mayores medios de comunicaciones nacionales. El espacio ha sido corto como para entrar a mayores complejidades (que, por supuesto, las hay). Sin embargo, no está de más afirmar que no buscamos romantizar la MAPE, sino partir desde las condiciones estructurales de su auge y recalcar que no se puede construir nada sostenible si se parte de una visión criminalizadora y maniquea. De donde se debe partir es de las demandas y aspiraciones que vienen desde abajo. A quienes llegamos desde fuera a este debate nos toca aprender, dialogar, reconocer las apuestas de sus actores (los comuneros mineros y el resto de la población campesina), y sólo luego, proponer.
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