La congresista Elizabeth Medina presentó una denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Luz Pacheco, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa. La legisladora los acusa de infringir los artículos 139 y 202 de la Constitución, tras declarar infundada la demanda competencial que el Congreso interpuso contra el Poder Judicial.
En su denuncia, Medina señala que los magistrados votaron sin contar con el quórum requerido, dado que tres de los siete integrantes del pleno se habían retirado antes de la sesión. “Esto contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Reglamento Normativo del TC”, sostuvo la congresista. Además, solicitó la destitución de los magistrados y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.
El trasfondo de la demanda competencial
La controversia surge por la decisión del Congreso de presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial, en un intento por revertir la anulación de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez e Inés Tello. Según el Congreso, el fallo judicial que dejó sin efecto dicha destitución representaba una interferencia en sus facultades constitucionales.
Sin embargo, los magistrados denunciados votaron para declarar infundada la demanda competencial, argumentando que el proceso no cumplía con los requisitos legales establecidos. Este fallo ha desatado tensiones entre los poderes del Estado, con el Congreso cuestionando la actuación del TC en defensa de la separación de poderes.
Proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
La denuncia constitucional presentada por Medina será evaluada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Este órgano analizará el documento y decidirá si lo remite al Pleno para su debate y votación. De ser aprobado, se abriría un proceso que podría culminar en la destitución e inhabilitación de los magistrados implicados.
Impacto en la relación entre poderes
Este caso refleja las tensiones crecientes entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, instituciones clave en el equilibrio de poderes en el país. Mientras el Congreso cuestiona el fallo del TC, diversas voces han señalado que la denuncia podría ser interpretada como una presión sobre los magistrados y una amenaza a su independencia.
Un precedente en debate
La acusación contra los magistrados del TC abre un nuevo capítulo en el conflicto institucional en el Perú. El resultado de esta denuncia no solo definirá el futuro de los magistrados, sino que también establecerá un precedente sobre los límites de la acción congresal frente a órganos constitucionalmente autónomos.
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