Mientras los líderes de la región Asia-Pacífico se reúnen en Lima, las calles de diversas regiones del Perú se llenan de manifestantes que exigen al gobierno una respuesta urgente ante la inseguridad y el respeto a los derechos humanos.
Diversos gremios de transportistas, sindicatos y organizaciones civiles, incluidas las asociaciones de víctimas de la represión estatal, han acatado un paro nacional y bloqueos de carreteras, en protesta por la incapacidad del Estado de proteger la vida de los ciudadanos frente al aumento de la violencia y la criminalidad.
En regiones como Puno, Cusco, Lambayeque y Junín, los manifestantes bloquearon vías y cerraron mercados, denunciando que el crimen organizado, la extorsión y el sicariato amenazan la vida diaria de los peruanos.
El descontento social también apunta a la complicidad del Legislativo y el Ejecutivo, a los que acusan de aprobar leyes que fortalecen el crimen organizado y otorgan a la Policía poderes inconstitucionales. Los ciudadanos denuncian además que los funcionarios se protegen mutuamente, priorizando sus intereses particulares sobre los derechos y seguridad de la población.
Las protestas buscan captar la atención internacional en plena cumbre de APEC para denunciar ante la comunidad global la crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa el Perú. Esta situación refleja el creciente descontento de un pueblo que, en palabras de los manifestantes, “ya no puede seguir tolerando la indiferencia de un Estado ausente”.
A medida que se intensifican las movilizaciones, los líderes gremiales advierten que estas protestas se mantendrán como una “resistencia ciudadana” hasta que el gobierno ofrezca soluciones concretas para restablecer el orden y la seguridad en el país.
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