El proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper y ubicado en el Valle del Tambo, Arequipa, enfrenta un nuevo escenario de resistencia social e incertidumbre legal debido a la caducidad de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En Perú, la vigencia de un EIA está regulada por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que establece un plazo de cinco años desde la aprobación del estudio para que el proyecto inicie operaciones; de lo contrario, el EIA debe ser actualizado. En este caso, el EIA de Tía María fue aprobado en 2014 y, al no haberse iniciado las actividades, su validez legal ha expirado, lo que implica la necesidad de una nueva evaluación que cumpla con los requisitos normativos (Ley N° 27446).
La situación actual de Tía María compromete su legitimidad y reactiva las críticas de organizaciones sociales que se vienen movilizando en contra del proyecto, especialmente porque un nuevo EIA requeriría participación ciudadana. En declaraciones a LaMula.pe, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, advirtió que el anuncio de la empresa sobre un próximo inicio de operaciones de Tía María ignora la falta de vigencia del EIA y no respeta los procedimientos establecidos.
La Red Muqui y los agricultores del Valle del Tambo solicitaron información al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) sobre la vigencia del EIA; sin embargo, la respuesta fue ambigua.
“Esto nos preocupa y nos hace pensar que hay una falta de transparencia en el proceso”, afirmó Borda.
Southern Copper ha intentado introducir cambios en el proyecto mediante Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), los cuales, según Borda, son una estrategia para evitar una nueva evaluación y eludir los procesos de consulta pública. Las organizaciones sociales y expertos señalan que un proyecto de esta magnitud requiere una evaluación completa y transparente para garantizar la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades locales.
Por su parte, la congresista Ruth Luque ha señalado que el Valle del Tambo representa un área de desarrollo agrícola que podría prosperar sin actividades mineras. En conferencia de prensa, afirmó que “el modelo extractivista no es la única vía para el desarrollo económico en zonas como el Valle del Tambo”, y destacó que la región enfrenta desafíos de salud y ambientales que el Estado no está abordando adecuadamente. La congresista criticó la postura del gobierno de avanzar en proyectos sin licencia social y mediante “acciones de represión contra las comunidades”.
"Lo que el Gobierno quiere es imponer un proyecto minero a punta de balas y los que creemos en la vigencia de los derechos ni en autoritarismos no lo permitiremos", dijo Luque.
Este jueves, en el Congreso, representantes de los agricultores que serían afectados por el proyecto minero se pronunciaron en contra y anunciaron un paro indefinido para expresar su rechazo a Tía María. Miguel Meza, portavoz del Valle del Tambo, advirtió que Southern Copper no cuenta con la autorización ni la licencia social necesarias y que el proyecto se encuentra en “un ecosistema frágil”. Según Meza, la comunidad ha agotado los recursos legales para exigir la cancelación del proyecto, y afirmó que el rechazo a Tía María responde a una defensa del modelo de vida agrícola que caracteriza a la región.
La situación se ve aún más compleja con la reciente decisión del gobierno de Dina Boluarte de reorganizar el Senace, la entidad encargada de regular los estudios de impacto ambiental. Para Borda, este cambio podría debilitar al organismo y restarle independencia, generando dudas sobre la imparcialidad en la evaluación de proyectos como Tía María.
“Claramente se trata de intervencionismo gubernamental, se están zurrando en la institucionalidad ambiental”, afirmó Borda.
Agregó que, con esta medida, el gobierno ha reducido el rol del Ministerio del Ambiente (Minam) “a su mínima expresión” y que, en lugar de velar por el cumplimiento de su función ambiental, “se dedica más a decir que van a impulsar las inversiones mineras”.
Borda también expresó su preocupación por la situación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la posible desaparición de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
“A este gobierno no le interesa el tema ambiental en el país, quieren reducirlo todo a un trámite administrativo”, dijo.
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