El sector justicia en Perú se enfrenta a un nuevo factor de crisis. La Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público anunció una huelga nacional indefinida en demanda de mayores recursos para el organismo y mejores condiciones salariales. Según declaró a RPP David Hereña, secretario de la Federación, este miércoles 6 de noviembre se definirá la fecha de inicio de las protestas en diversas sedes del Ministerio Público, la cual “probablemente, debe coincidir con el foro del APEC”, indicó.

La medida afectará a cerca de 18,000 trabajadores del Ministerio Público, quienes aseguran que el presupuesto actual es insuficiente para cubrir las necesidades del sector, especialmente en áreas críticas como la Morgue Central de Lima. Hereña subrayó que las condiciones laborales son paupérrimas y que los trabajadores carecen de equipos de protección personal adecuados para garantizar su bioseguridad, lo que pone en riesgo su salud y seguridad en el trabajo.

Uno de los puntos críticos es la falta de personal médico legista y técnicos en necropsia, situación que impacta directamente en la capacidad de respuesta ante la ola de crímenes relacionados con el sicariato y la extorsión que aqueja al país. Hereña explicó que hasta la fecha se han realizado más de 3,300 necropsias, cifra que supera las de años anteriores y que evidencia el aumento de la violencia en el país.

La situación en la Morgue Central de Lima, en particular, es alarmante debido a la falta de equipos e infraestructura adecuada para realizar las labores de necropsia. 

“Los compañeros están trabajando en condiciones paupérrimas”, denunció Hereña, agregando que los trabajadores del Ministerio Público son “los peor pagados” dentro del sistema de justicia, lo cual complica aún más su situación.

Los trabajadores del Ministerio Público hacen un llamado al Ejecutivo para que tome medidas concretas y ajuste el presupuesto del sector, en un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y responder a las demandas de justicia de la ciudadanía. Hereña enfatizó que las condiciones actuales no solo afectan a los trabajadores, sino también a la sociedad en general, en un momento en el que el sistema de justicia enfrenta uno de sus desafíos más grandes en cuanto a seguridad y eficiencia.


[Foto de portada: Andina]


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