El gobierno peruano enfrentará más cuestionamientos en torno al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programado para el 13 al 15 de noviembre en Lima. En su última declaración, el vocero presidencial Fredy Hinojosa calificó como “traidor a los intereses de la patria” a quien convoque a paros o protestas en esos días. Esta afirmación busca desincentivar las manifestaciones que, en los últimos meses, han expresado el descontento social ante temas como la inseguridad ciudadana y la falta de reformas políticas.
La postura del gobierno se produce en un contexto de alta visibilidad internacional, ya que Perú será anfitrión de importantes mandatarios de las economías miembros de APEC, incluyendo a los presidentes de China y Estados Unidos.
Según Hinojosa, el país “estará frente a los ojos del mundo”, por lo que se espera una imagen de estabilidad.
Sin embargo, organizaciones sociales sostienen que esta retórica apunta a criminalizar el derecho a la protesta y proteger la imagen del gobierno más que resolver las demandas sociales.
Para reforzar la seguridad, la presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso la autorización para el ingreso de 600 militares estadounidenses, junto con equipo armamentístico que incluye helicópteros y tanquetas, lo que ha suscitado preocupación en ciertos sectores preocupados por la soberanía nacional. Aunque Hinojosa subrayó que el personal extranjero no se empleará para el control del orden interno, esta medida podría ser considerada como un intento del gobierno para minimizar cualquier expresión de oposición durante la cumbre.
Desde la perspectiva del derecho penal, el uso del término "traición a la patria”, pueden tener implicaciones preocupantes. Utilizar ese calificativo para referirse a los manifestantes o a quienes ejercen el derecho constitucional a la protesta es una escalada en el lenguaje oficial que podría afectar la legitimidad de las expresiones de descontento social.
El APEC 2023, que promete generar un intercambio económico con otras economías valorado en más de 80.000 millones de dólares, ha puesto de relieve la estrategia gubernamental de priorizar la estabilidad a través de la represión. Para varios sectores de la sociedad civil, esta actitud refleja una falta de voluntad para dialogar y atender los reclamos sociales. Por ello, mientras el gobierno se enfoca en mantener la “vitrina internacional” en perfectas condiciones, el conflicto interno sigue en aumento.
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