Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte no cesan y cada vez son más los sectores que muestran su descontento en las calles. A los colectivos que la denuncian por la represión y la presunta violación de derechos humanos por los muertos y heridos en las protestas del 2022 y 2023, ahora se suman asociaciones de transportistas, comerciantes, estudiantes y sindicatos que han encontrado como problema común la inseguridad ciudadana y la delincuencia. En ese contexto, desde el Ejecutivo y el Congreso las soluciones propuestas parecen representar un peligro para la sociedad civil. Para Enrique Castro Vargas, abogado y exdirector general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, son preocupantes declaraciones como las del General PNP Manuel Farías en Piura, quien calificó a una protesta o un intento de bloqueo de carretera como extorsión.
En declaraciones a LaMula.pe, Castro Vargas cuestionó la interpretación que la Policía hace del Código Penal y advirtió sobre los peligros de una Policía que actúa sin la debida precisión legal en la tipificación de delitos.
El coordinador del Taller de Asuntos Públicos (TAP) explicó que, en términos penales, la extorsión implica obligar a alguien a hacer algo en perjuicio de su patrimonio o derechos. Sin embargo, señaló que en el caso de la protesta en Piura, las acciones de los manifestantes no se alinean con esta figura.
“Entenderíamos que el tomar la carretera es obligar: ¿A quién? ¿A hacer qué? ¿A la presidenta y al congreso a dimitir? ¿Al conductor y pasajero a que tome otra ruta? ¿Al policía para que se sume a la protesta?”, cuestionó Castro Vargas.
Según el abogado, estas acciones no pueden configurarse como extorsión ya que no afectan de manera directa el patrimonio o derechos de las personas con el propósito de obtener un beneficio indebido.
Enfatizó que el derecho penal debe ser claro y preciso en su aplicación, protegiendo un bien jurídico específico y delimitando las conductas que lo afectan.
“El derecho penal no puede ser ambiguo sino que, por el contrario, debe ser preciso”, afirmó.
Para Castro Vargas, la criminalización de las protestas mediante la acusación de extorsión representa un uso indebido del derecho penal que no protege el derecho a la protesta, una libertad fundamental en cualquier democracia.
En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que la Policía actúe de manera sesgada o politizada, con una mayor capacidad de dirigir investigaciones preliminares según la reciente modificación al Código Procesal Penal aprobada por el Congreso y Boluarte.
“Este es el peligro de entregar la tipificación de la investigación a ‘la Policía’ y peor aún a una ‘Policía politizada’”, añadió, subrayando que cualquier caso mal fundamentado podría fácilmente derrumbarse en un proceso judicial por falta de precisión en la acusación.
Conservatorio sobre la extorsión en el Perú
El próximo 29 de octubre a las 5PM, Enrique Castro Vargas participará en el conversatorio ”¿Por qué nada funciona contra la extorsión?”, organizado por el Centro de Estudios de Violencia y Criminalidad (Cevcri) y el Taller de Asuntos Públicos (TAP). Junto a él, estarán Arturo Haytalla, sociólogo especializado en seguridad ciudadana, y Cecilia Caparachín, antropóloga con experiencia en la investigación de la violencia y el delito. El evento se transmitirá en vivo por la página de Facebook de Cevcri.
[Foto de portada: Andina]
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