Este miércoles 23 de octubre, diversas organizaciones sociales, entre transportistas, comerciantes, sindicatos y estudiantes, llevan a cabo un paro nacional en Perú, exigiendo soluciones ante la creciente inseguridad ciudadana y demandando la derogación de la Ley 32108, una norma que ha sido ampliamente criticada por favorecer al crimen organizado.
Los gremios de transportistas, afectados por el incremento de la extorsión y la criminalidad en sus sectores, lideran las protestas, exigiendo al gobierno de Dina Boluarte tomar acciones más efectivas contra estos problemas.
La Ley 32108 ha sido un punto central de la demanda ciudadana. Aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, el nombre de esta ley decía que buscaba combatir el crimen organizado, pero su contenido facilita la impunidad de grupos delictivos al modificar los requisitos para considerar a un grupo como organización criminal. Según la norma, los delitos deben estar sancionados con penas de seis años o más para ser considerados como tales. Aunque una reciente modificación redujo esta cifra a cinco años, esto aún resulta insuficiente para muchos sectores de la población y organizaciones civiles que piden penas más estrictas.
La explicación a la aprobación de este tipo de leyes sería que en el fondo los congresistas buscan la impunidad ante un eventual escenario en el que sean acusados como organización criminal, ya que sus partidos políticos están liderados por investigados por corrupción.
En la víspera de la protesta, la presidenta Dina Boluarte minimizó las demandas del paro, argumentando que “un paro o dos no resolverán los problemas”. Sin embargo, las protestas reflejan una profunda insatisfacción en torno a la inseguridad y las medidas tomadas por el Ejecutivo. Los transportistas, comerciantes y otras organizaciones sociales se unieron en las calles para exigir un cambio urgente en las políticas de seguridad.
Un grupo de manifestantes se planteó ir al Congreso; sin embargo, los parlamentarios están en semana de representación. Por ello, se está convocando a una movilización hacia Palacio de Gobierno para hacer llegar sus demandas a la presidenta Boluarte. Los comerciantes de Gamarra y otros grupos piden la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
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[Fotos: Alejandro Cotrina]
