El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) recomendó el teletrabajo y la flexibilidad laboral para mitigar el impacto del paro de transportistas y comerciantes de este jueves 10 de octubre.
Ante la protesta ciudadana contra la inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, el MTPE emitió un comunicado en el que exhorta a los empleadores a priorizar el teletrabajo para proteger la integridad de los trabajadores, según lo establecido en la Ley N° 31572 sobre Teletrabajo.
Además, sugirió una tolerancia de hasta cuatro horas para quienes deban asistir presencialmente y se vean afectados por la falta de transporte. El Ministerio también indicó que los empleadores deben permitir la compensación de horas perdidas y evitar sanciones disciplinarias por los retrasos relacionados con el paro.
La medida, sin embargo, ha sido criticada por su enfoque limitado, ya que traslada la carga de la gestión de la crisis a los empleadores sin que el Gobierno asuma un rol activo en resolver las causas de fondo.
Este llamado a la flexibilidad laboral se percibe como una respuesta paliativa y temporal frente a una crisis de seguridad y transporte que exige una intervención gubernamental más contundente para proteger a los trabajadores peruanos.
La falta de una estrategia de largo plazo por parte del Gobierno para enfrentar estas deficiencias deja tanto a trabajadores como a empleadores en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre en medio de un contexto social y económico complejo.
El paro, motivado por la inacción del Estado ante la inseguridad y la extorsión en los sectores transporte y comercio, afecta a trabajadores que se ven obligados a depender de un sector gubernamental incapaz de garantizarles seguridad en su traslado.
A esto se suma las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo que facilitan la impunidad, benefician al crimen organizado y violan la independencia judicial.
Además, según informó el periodista Paolo Benza, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) estaría enviando carta a los empleadores, exigiendo un reporte detallado sobre la asistencia de los trabajadores para el 10 de octubre de 2024, día en que está programado un paro de transportistas en Lima y otras regiones.
En el requerimiento, Sunafil solicita que cada empresa registre, mediante un formulario en línea, el número de trabajadores que asistieron físicamente, los que optaron por el teletrabajo, así como aquellos que no lograron llegar a sus centros de labores. El anexo incluye preguntas específicas sobre si la empresa adoptó medidas para facilitar la labor remota o flexibilizar el horario, y pide detalles sobre el número de empleados que llegaron dentro del periodo de tolerancia.
La carta de Sunafil y su carácter de “requerimiento” ha generado cuestionamientos, ya que se podría interpretar como una forma de control sobre el impacto de la protesta. Si bien es comprensible que Sunafil busque monitorear las condiciones laborales en un día de manifestación ciudadana, esta solicitud podría presionar a los empleadores para exigir la asistencia de los trabajadores, incluso en circunstancias de difícil traslado, en lugar de fomentar el teletrabajo y otras alternativas.
El enfoque de la supervisión genera dudas sobre si Sunafil prioriza verdaderamente la seguridad y bienestar de los trabajadores, o si responde a una estrategia gubernamental para minimizar los efectos del paro, un evento que pretende visibilizar las preocupaciones sociales frente a la inacción del gobierno en temas de seguridad y transporte.
[Foto de portada: Andina]
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