El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha cuestionado, este miércoles, el apoyo que diversas organizaciones sociales y políticas han manifestado al paro nacional de transportistas convocado para este jueves 10 de octubre. Durante una conferencia de prensa, Adrianzén mencionó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Partido Morado, acusándolos de tener un “marcado sesgo ideológico” y de “generar caos” al respaldar esta medida de fuerza.
Según el jefe del Gabinete Ministerial, la convocatoria al paro representa una acción “irresponsable” que, en su opinión, atenta contra la estabilidad del país en un momento en el que se debería estar trabajando “unidos” contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, no reconoce que la protesta es un derecho fundamental protegido por la Constitución peruana. El artículo 2 inciso 12 reconoce la libertad de reunión y la protesta pacífica, un medio legítimo de participación en cualquier democracia.
Para Adrianzén, el respaldo de estas organizaciones “es un llamado político al paro”, sugiriendo que la iniciativa tiene fines desestabilizadores. Sin embargo, no considera que el paro es una reacción ante la falta de respuesta del gobierno frente a la creciente inseguridad.
El discurso de Adrianzén asocia las motivaciones de toda la convocatoria con un “sesgo ideológico”, sin reconocer que las demandas por mayor seguridad son un clamor extendido entre la ciudadanía. El presidente del Consejo de Ministros no valora que la protesta es un reflejo de una democracia en funcionamiento, donde los ciudadanos pueden expresar su descontento ante problemas críticos como la seguridad y el crimen organizado.
La postura del primer ministro puede ser vista como un intento de deslegitimar la protesta ciudadana y los esfuerzos de la sociedad civil por promover sus demandas de forma pacífica. El artículo 43 de la Constitución establece la separación de poderes y los derechos de los ciudadanos para participar en asuntos públicos.
A través de la protesta, las organizaciones no solo buscan ser atendidas, sino que también intentan recordar la importancia de la independencia y la vigilancia ciudadana en la toma de decisiones de un gobierno democrático.
Recientemente, asociaciones de jueces y fiscales advirtieron que los poderes Ejecutivo y Legislativo vienen aprobando normas que facilitan la impunidad, benefician a organizaciones criminales y violan la independencia judicial.
[Foto de portada: PCM Perú / Flickr]
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