El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, denunció una "motivación oculta" detrás del proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca modificar el Código Procesal Penal para permitir que la Policía Nacional del Perú (PNP) asuma funciones de investigación preliminar de delitos, actualmente bajo la jurisdicción del Ministerio Público.
En declaraciones a RPP Noticias, Chávez Cotrina manifestó que la propuesta vulnera la independencia de las investigaciones, especialmente aquellas vinculadas a casos de corrupción de funcionarios públicos.
“Definitivamente, quieren controlar las investigaciones vinculadas a corrupción de funcionarios”, afirmó.
El fiscal advirtió que la Policía, al estar subordinada al Ministerio del Interior y, por ende, al Ejecutivo, podría estar sujeta a presiones políticas, lo que pondría en riesgo la imparcialidad de las investigaciones.
El dictamen plantea que la PNP se encargue de las investigaciones preliminares de diversos delitos, incluyendo la corrupción de funcionarios. Para Chávez Cotrina, esto significaría que los casos de corrupción podrían ser desviados o incluso abandonados si afectan a funcionarios cercanos al gobierno de turno.
“Si un policía tiene la osadía de investigar a un funcionario de alto nivel que sea allegado al gobierno de turno, simplemente lo van a cambiar y se acabó la investigación”, señaló.
Además de cuestionar la independencia, Chávez Cotrina subrayó que la Policía Nacional no cuenta con la capacidad operativa para asumir estas funciones investigativas de manera efectiva. Mencionó que las unidades policiales, como las Divisiones de Investigación Criminal (Depincri), están sobrecargadas y carecen del personal necesario para manejar la gran cantidad de casos que actualmente lleva el Ministerio Público.
“¿Creen que con 80 personas van a poder cumplir con las funciones que la nueva norma les da? Es imposible. ¿Qué va a ocurrir ahí? Las investigaciones se van a alargar”, advirtió el fiscal.
Ante esta situación, el Ministerio Público ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que las facultades investigativas de la Fiscalía están respaldadas por la Constitución y no deberían ser transferidas a la Policía.
“Esperemos que el Tribunal Constitucional interprete la norma dentro del marco constitucional, porque la facultad de investigar no nos la da el Código Procesal, nos la da la Constitución Política”, concluyó Chávez Cotrina.
El debate sobre este proyecto de ley ha generado preocupación entre los defensores de la autonomía judicial y la lucha contra la corrupción, en un momento en que la transparencia y la independencia de las instituciones son clave para garantizar la justicia en Perú.
Autonomía en riesgo
Específicamente, las modificaciones propuestas reestructuran el rol de la PNP y del Ministerio Público en las investigaciones, permitiendo que la Policía tenga un poder inconstitucional. El artículo 159 de la Constitución Política del Perú establece claramente que corresponde al Ministerio Público conducir las investigaciones desde su inicio, con la Policía Nacional obligada a cumplir sus mandatos. Cambiar esta dinámica, según Chávez Cotrina y otros defensores de la autonomía judicial, no solo podría debilitar la eficacia de la lucha contra la corrupción, sino que también erosionaría los principios fundamentales del sistema de justicia penal en Perú.
Aunque los fiscales seguirían manteniendo la dirección jurídica de las investigaciones, su control sobre las acciones de la policía se vería considerablemente reducido. Esto ha llevado a preocupaciones sobre posibles abusos de autoridad y la manipulación política de las investigaciones, especialmente aquellas relacionadas con la corrupción de altos funcionarios.
[Foto de portada: Andina]
