En el programa “Encuentros Muleros” de La Mula TV, Walter Albán, abogado y Magíster en Derechos Humanos, exdefensor del Pueblo, señaló la falta de garantías de justicia en Perú ante las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y el verano de 2023.
En una entrevista con César Azabache, Albán destacó la gravedad de las acciones del gobierno de Dina Boluarte y señaló la importancia de recurrir a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).
"Frente a la situación que se viene produciendo, donde no vemos que exista garantía de que los verdaderos responsables resulten procesados y eventualmente sancionados como correspondería", afirmó Albán.
Esta inquietud ha llevado a organizaciones como Aprodeh y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) a solicitar a la CPI la investigación formal de Boluarte y sus ministros por las muertes de manifestantes durante las protestas. Albán, junto a otros firmantes, ha respaldado estas solicitudes, señalando que "esto hay que alimentarlo" con nueva información y pruebas, como las reveladas por investigaciones de Amnistía Internacional (AI).
Durante la entrevista, Albán también criticó el estado actual del sistema de justicia peruano y el rol del Congreso.
"En todas las encuestas dicen que ya el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo tienen no más del 5 o 6% de respaldo", mencionó, cuestionando cómo, a pesar de su baja aprobación, estas instituciones continúan aprobando leyes que atropellan los derechos de los ciudadanos y empeoran la situación del país en áreas críticas como la salud, educación y seguridad.
"Las normas que están aprobando son francamente de terror", agregó Albán.
Comparando las movilizaciones recientes con las protestas que llevaron a la caída del expresidente Manuel Merino, Albán señaló que, aunque las protestas en Lima durante el gobierno de Merino resultaron en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, las recientes movilizaciones en el sur andino bajo el gobierno de Boluarte han sido aún más graves.
"Dieron indicaciones muy claras a las Fuerzas Armadas, de que había que actuar con todo, y ese con todo significó ya no dos muertes, sino 50 muertes y más de 300 personas lesionadas, algunas muy seriamente", dijo Albán, resaltando la necesidad de una respuesta firme y decidida por parte de la comunidad internacional.
Walter Albán y otros defensores de los derechos humanos ven en la Corte Penal Internacional una vía para buscar justicia, dado que las instituciones nacionales parecen estar colapsando bajo la presión de intereses políticos y económicos. Este llamado a la CPI se suma a un creciente clamor por responsabilidad y justicia, que busca asegurar que los derechos humanos de todos los peruanos sean respetados y protegidos.
[Foto de portada: Andina]
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