En el programa “Encuentros Muleros” de La Mula TV, los abogados Walter Albán, exdefensor del Pueblo, y Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), discutieron la grave situación de derechos humanos en Perú y la falta de acceso a la justicia para las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 y el verano de 2023. Ambos resaltaron la importancia de llevar estos casos ante la Corte Penal Internacional (CPI) debido a la incapacidad del sistema judicial peruano para garantizar la rendición de cuentas.

Cano explicó que Aprodeh, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), decidió presentar un caso ante la CPI por las muertes ocurridas durante las protestas y por el deterioro de las instituciones democráticas en Perú.

 "Efectivamente lo estamos viendo, la situación de las instituciones que sustentan una democracia como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otras, iban cada vez más en deterioro precisamente por un pacto mafioso, por una alianza corrupta", afirmó Cano.

Esta situación ha llevado a la convicción de que los casos podrían quedar en la impunidad si no se toman medidas adicionales a nivel internacional.

Cano subrayó que la decisión de recurrir a la CPI se fundamenta en la "sistematicidad" de las acciones represivas cometidas por las fuerzas del orden, tal como lo documentan informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Presentamos el caso ante la CPI precisamente por esta constitución de la sistematicidad que existió en estos hechos de diciembre, enero y febrero del 2022 y 2023", señaló. Estas acciones buscan asegurar justicia no solo para las víctimas, sino también para enviar un mensaje contundente contra la impunidad.

Por su parte, Albán respaldó la necesidad de utilizar los mecanismos internacionales de justicia, destacando que las iniciativas como la presentada ante la CPI buscan evitar que las reacciones a las injusticias se conviertan en estallidos de violencia.

"Cuando hacemos una denuncia de esta naturaleza y utilizamos un nuevo canal institucional, que en este caso está en el plano internacional, estamos también contribuyendo precisamente a que la reacción, para cuando se produzca, no sea desbocada", afirmó Albán.

También señaló que la presidenta Dina Boluarte debe entender que enfrentará la justicia, ya sea a nivel nacional o internacional:

"La señora Boluarte tiene que estar absolutamente convencida de que no solo le espera la cárcel en el Perú si las cosas funcionaran adecuadamente, sino que su posibilidad de irse a cualquier parte para evitar que la puedan procesar se restringe notablemente con las acciones que se han emprendido en este momento ante la CPI".

César Azabache, conductor del programa, añadió que los términos de referencia de estos procesos están cambiando, señalando que la CPI se diferencia de otros organismos internacionales al poder realizar acusaciones penales directas contra individuos.

"Los términos de referencia de estos procesos están entonces cambiando... aquí hay una cárcel, este es un tribunal penal", dijo Azabache, subrayando que las acciones ante la CPI buscan hacer responsable a Boluarte y a sus ministros por las decisiones tomadas durante las protestas.

La intervención de Albán y Cano en La Mula TV subraya la importancia de los mecanismos de justicia internacional en un contexto donde las instituciones nacionales son percibidas como insuficientes o corruptas. La posibilidad de que la CPI intervenga en los casos de Perú refleja un llamado urgente a la comunidad internacional para garantizar que los derechos humanos sean respetados y que los responsables de violaciones graves enfrenten las consecuencias de sus actos.


[Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr]


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