En el programa “Encuentros Muleros” de La Mula TV, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), expresó su preocupación por la falta de acceso a la justicia en Perú y el creciente clima de impunidad en el país.
En entrevista con César Azabache, Cano, quien ha suscrito una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar a la presidenta Dina Boluarte y sus principales ministros por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y el verano de 2023, resaltó la gravedad de las acciones del gobierno y del Congreso que buscan dificultar las investigaciones.
"Nosotros ya estamos preparando una comunicación adicional a la que hemos presentado, señalando esta iniciativa que se tiene, que ya pasó primera votación, que los que van a investigar los casos internamente, ya no va a ser la Fiscalía, sino la Policía", explicó Cano.
Esta medida es vista con alarma, ya que involucra a la Policía, "la misma que salió y disparó a los jóvenes en Andahuaylas", como la responsable de llevar adelante las investigaciones. Cano destacó que este cambio institucional podría comprometer la integridad de las investigaciones y dificultar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Cano subrayó que el abierto desacato de Perú a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la amenaza de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) son señales claras de un debilitamiento del compromiso del país con los derechos humanos.
"Creíamos que los responsables directos, como Dina Boluarte, Otárola y todos los que estuvieron en la toma de decisiones, deberían ser juzgados como personas", afirmó Cano, destacando la importancia de llevar a los individuos responsables ante la justicia internacional, no solo al Estado peruano.
La abogada enfatizó la indignación que siente, junto a otras organizaciones de derechos humanos, por los esfuerzos deliberados del Congreso y del Ejecutivo de bloquear el acceso a la justicia.
"Nos llama, nos indigna, los esfuerzos que tienen desde el Congreso y desde el Ejecutivo de ir bloqueando las posibilidades de que las familias accedan a justicia", afirmó Cano.
Estas acciones han llevado a las organizaciones a buscar justicia fuera del sistema nacional, acudiendo a la CPI como una alternativa para asegurar que las violaciones de derechos humanos no queden impunes.
En un contexto donde la desconfianza en las instituciones nacionales de justicia es alta, Gloria Cano y Aprodeh ven en la Corte Penal Internacional una vía para presionar por rendición de cuentas y justicia para las víctimas de las protestas. Esta iniciativa busca responder a la falta de acción a nivel interno y subraya la necesidad de que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos en un tribunal internacional.
[Foto de portada: Juan Carlos Cisneros / AFP]
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