El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, resaltó que los jueces están en pleno derecho de inaplicar la nueva ley relacionada con el delito de organización criminal, siempre y cuando justifiquen su decisión. Según Arévalo, esta facultad es parte de la función constitucional de los jueces, quienes deben utilizar su criterio para determinar si una ley contraviene la Constitución o los convenios internacionales suscritos por el país.
"No debe escandalizar en una democracia que un juez puede inaplicar la ley. Siempre que justifiquen, pueden inaplicarla", afirmó Arévalo en una entrevista con Exitosa.
Agregó que no se debe considerar como un acto de rebeldía cuando un juez decide no aplicar una norma, ya que están ejerciendo su función constitucional.
"Habrá jueces que digan que la ley es válida y la aplicarán, y eso no debe ser motivo de reproche", puntualizó.
En cuanto a la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, Arévalo indicó que los jueces deberán decidir en qué casos específicos se aplica o no, basándose en el control difuso que permite a los jueces inaplicar leyes en situaciones concretas si consideran que son inconstitucionales o contrarias a tratados internacionales.
¿Qué es el control difuso?
El control difuso es un mecanismo jurídico que permite a los jueces evaluar la constitucionalidad de las leyes o normas aplicadas en los casos concretos que tienen ante ellos. En lugar de declarar inconstitucional toda una norma de manera general, como lo haría el Tribunal Constitucional (TC), los jueces pueden decidir no aplicar una ley específica si consideran que esta contradice la Constitución en el contexto del caso particular que están resolviendo.
Este control, que se realiza “difusamente” a lo largo de todo el sistema judicial, es una herramienta crucial para la defensa de los derechos fundamentales y la supremacía constitucional.
Independencia judicial bajo amenaza
Arévalo también expresó su preocupación por una propuesta legislativa en el Congreso que busca crear una comisión para fiscalizar la labor de jueces y fiscales. Según él, esta propuesta representa una amenaza a la independencia del Poder Judicial. Pidió a la presidenta Dina Boluarte que observe la ley en caso de ser aprobada y advirtió que el Poder Judicial utilizará todos los medios legales para impugnar cualquier norma que interfiera en la autonomía judicial.
El presidente del Poder Judicial hizo un llamado al Congreso para que apruebe leyes que realmente fortalezcan el sistema judicial, como las de flagrancia y celeridad procesal, en lugar de promover iniciativas que busquen controlar políticamente a jueces y fiscales. Además, Arévalo abogó por un liderazgo fuerte y la implementación de "leyes de excepción" para combatir eficazmente la criminalidad en el país.
[Foto de portada: Andina]
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