Representantes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) han arribado a Lima para demandar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la implementación inmediata de un proceso de consulta previa sobre la construcción del segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho. El proyecto, que conectaría Iquitos con la frontera colombiana, ha generado preocupación debido a su impacto potencial en 19 comunidades nativas, 6 comunidades campesinas, áreas naturales protegidas y zonas de narcotráfico.
"El MTC debe responder a nuestro pedido y asegurar que todos los pueblos indígenas y sus comunidades que habitan el área de influencia del tramo 2 de la carretera participen en la consulta previa del proyecto," declaró José Murayari, vicepresidente de ORPIO.
Desde el inicio de la construcción del primer tramo hace siete años, no se ha llevado a cabo ninguna consulta previa, a pesar de las denuncias de conflictos sociales, invasiones territoriales y daños ambientales, particularmente en la comunidad Centro Arenal, del pueblo Huitoto Murui Buee.
Impactos sociales y ambientales
El proyecto Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho consta de cuatro tramos. El tramo I ya ha sido construido, mientras que el tramo II se encuentra en fase de elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería. Líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre los riesgos que representa este proyecto vial, señalando que la carretera se superpondrá a comunidades nativas, lo que podría generar conflictos y la degradación ambiental. Además, el 60% del trazado proyectado para el tramo IV atravesaría áreas protegidas como el Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa, aumentando el riesgo de deforestación y pérdida de biodiversidad.
Zoila Ochoa, lideresa de la comunidad nativa Centro Arenal, criticó la falta de claridad en las acciones del MTC:
"Los señores del MTC deben tener mayor transparencia en las actividades que vienen realizando en el segundo tramo, debe estar claro los plazos, no podemos seguir de taller en taller sin que definan cuándo empezará la consulta (previa) y qué medida se consultará," subrayó.
Preocupación por actividades ilícitas
Además de los impactos ambientales, existe preocupación por el incremento de actividades ilícitas. Se han identificado zonas cocaleras en la ribera de los ríos Napo, Amazonas y Putumayo, que forman parte del área de influencia del proyecto vial, especialmente en el tramo IV, que se conecta con la frontera colombiana. Líderes comunitarios han denunciado la presencia de grupos armados que utilizan estas rutas para el tráfico de drogas hacia México y Brasil, exponiendo a las comunidades indígenas a amenazas constantes.
Falta de respuesta del MTC
A pesar de que el pasado 11 de julio ORPIO presentó una petición formal de consulta previa, el MTC no ha dado respuesta, incumpliendo el plazo reglamentario. Diego Saavedra, líder de Proyectos en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), afirmó:
"El marco legal y los estándares internacionales señalan que la consulta se da desde la planificación de los proyectos, es decir, antes que existan impactos. Es fundamental que se consulte sobre medidas que realmente afecten a las comunidades y al medio ambiente".
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