El Congreso de la República aprobó un dictamen que modifica el Código Procesal Penal, otorgando más facultades a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación de delitos, en un intento de agilizar los procesos penales y reforzar la lucha contra el crimen. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación en la comunidad jurídica y en defensores de los derechos humanos, quienes señalan que la ley podría vulnerar la autonomía del Ministerio Público y el debido proceso.
Modificaciones específicas al Código Procesal Penal
Entre las principales modificaciones aprobadas, se encuentra la reestructuración de los artículos que definen el rol de la PNP y el Ministerio Público en la investigación preliminar y preparatoria de los delitos. La PNP ahora tendrá la potestad de realizar investigaciones preliminares con mayor autonomía, mientras que el Ministerio Público conserva la conducción jurídica, pero con un control más limitado sobre las acciones iniciales de la policía.
El Artículo 60, que previamente otorgaba al fiscal la conducción de las investigaciones preliminares y preparatorias, ahora establece que la PNP puede realizar estas investigaciones por su cuenta, siempre y cuando se mantenga dentro de los parámetros legales definidos. Esto representa un cambio significativo, pues reduce la supervisión del Ministerio Público en las etapas tempranas de la investigación, lo que podría conllevar a un aumento en la discrecionalidad de las actuaciones policiales.
Inconstitucionalidad a la vista
Estas modificaciones al Código Procesal Penal podrían calificarse como una usurpación de las funciones que la Constitución reserva explícitamente al Ministerio Público. Según el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, corresponde al Ministerio Público “conducir desde su inicio la investigación del delito,” con la Policía Nacional obligada a “cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”. Esto precisa que la PNP actúa bajo la dirección jurídica del Ministerio Público, asegurando así un control adecuado y evitando posibles abusos de autoridad durante las investigaciones.
El nuevo dictamen, sin embargo, parece erosionar este principio de subordinación al permitir que la Policía Nacional asuma un rol más autónomo en las investigaciones preliminares. Aunque se argumenta que estas modificaciones buscan fortalecer la investigación del delito y agilizar los procesos penales, en realidad debilita el rol de supervisión del Ministerio Público y se corre el riesgo de violar los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procesos judiciales.
La legisladora Gladys Echaíz de Núñez Izaga señaló durante el debate en el Congreso que las modificaciones planteadas son inconsistentes con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 159 de la Constitución, el cual solo puede ser alterado mediante una reforma constitucional aprobada por dos legislaturas consecutivas con mayoría calificada. “Norma constitucional que solo puede ser modificada por una reforma constitucional conforme al artículo 206 del mismo texto”, dijo la parlamentaria.
Impacto en la conducción de la acción penal
La nueva normativa refuerza el papel de la PNP en la recolección de pruebas y ejecución de diligencias preliminares, permitiéndole actuar con mayor independencia al inicio de las investigaciones. Aunque el fiscal sigue siendo responsable de la acción penal y de la acusación, el cambio podría diluir la línea de mando y afectar la coordinación entre ambas instituciones, crucial para la correcta administración de justicia.
Riesgos de abuso y falta de coordinación
La Policía Nacional, al no estar equipada con las mismas garantías de imparcialidad y protección de derechos que el Ministerio Público, podría incurrir en prácticas de abuso de poder o en la fabricación de pruebas, prácticas que la supervisión del Ministerio Público ha buscado mitigar.
La independencia y autonomía del Ministerio Público son vistas como esenciales para mantener un equilibrio de poder dentro del sistema de justicia penal peruano, garantizando así la objetividad y transparencia en la persecución del delito.
La supervisión del Ministerio Público en las fases iniciales de la investigación es esencial para garantizar que se respeten los derechos de los investigados y se eviten actuaciones arbitrarias. La falta de una coordinación efectiva entre la policía y los fiscales podría dificultar la consecución de pruebas robustas y afectar negativamente la eficacia del sistema penal.
Organizaciones de derechos humanos y analistas legales señalaron que este cambio podría tener implicaciones a largo plazo en la lucha contra el crimen organizado, ya que la fragmentación en la conducción de investigaciones podría ser aprovechada por grupos delictivos para evadir la justicia.
La vigilancia de la acción policial por parte de fiscales especializados es crucial para mantener un equilibrio en la administración de justicia y evitar el uso indebido de las facultades policiales.
[Foto de portada: AP Photo/Martin Mejia]
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