Un colectivo de ciudadanos, encabezado por destacados historiadores, presentó el lunes 12 de agosto una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra el Archivo General de la Nación (AGN), el Ministerio de Cultura y el Consorcio Transel, con el objetivo de detener el inminente traslado de documentos históricos que actualmente custodia el AGN en su sede del Palacio de Justicia a un almacén en el Callao.
El contrato para este traslado, valorado en más de 12 millones de soles, fue firmado entre el AGN y el Consorcio Transel, y contempla el traslado "temporal" de la documentación republicana y notarial a un depósito en una zona industrial del Callao. Este acervo documental es de vital importancia para la ciudadanía, pues incluye registros notariales, expedientes judiciales, y otros documentos fundamentales para la protección de derechos como herencias, propiedades, y nacionalización.
Los demandantes, entre quienes se encuentran la Dra. Margarita Guerra Martiniere, el Dr. Joseph Dager Alva, y la Dra. Magally Alegre Henderson, expresan que este traslado representa "una amenaza cierta e inminente" para la integridad de los documentos debido a las condiciones inadecuadas del local arrendado, las cuales ya fueron corroboradas en un informe de inspección del Ministerio de Cultura emitido el 21 de mayo de 2024. La Contraloría General de la República también ha advertido sobre riesgos físicos y legales asociados al traslado, así como irregularidades en la firma del contrato.
En la demanda de amparo, se enfatiza que el intento de traslado es incompatible con el artículo 21 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger el patrimonio documental de la Nación. Los demandantes argumentan que este acto violaría derechos fundamentales como la identidad cultural y el acceso a la cultura, al poner en riesgo la conservación de documentos esenciales para la historia e identidad del país.
El colectivo solicita al Poder Judicial que ordene al AGN detener el traslado, anule la buena pro del contrato con el Consorcio Transel, y garantice la construcción de una sede definitiva para el Archivo General de la Nación. Asimismo, han presentado una medida cautelar para que se detenga de inmediato el traslado del acervo documental.
Los firmantes subrayan que el local arrendado no solo carece de las condiciones adecuadas para albergar documentación histórica, sino que tampoco está legalmente saneado, estando hipotecado por más de 8 millones de dólares. Ante esta situación, cuestionan la viabilidad de confiar en un inmueble con tales deficiencias para custodiar una parte tan importante de la memoria nacional.
[Foto de portada: Andina]
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