El Ministerio Público (MP), a través de la Junta de Fiscales Supremos, anunció, este lunes, que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, la cual limita la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
En un pronunciamiento, los fiscales supremos expresaron un rotundo rechazo a la ley, señalando que "atenta contra la defensa de los derechos humanos" y que contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y otros tratados de carácter regional y universal que el Perú ha ratificado.
La Fiscalía advierte sobre el impacto negativo que esta ley podría tener en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de especial gravedad, como los relacionados con la violencia política en el Perú, entre ellos, los casos de Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca, y otros similares. Según la Junta de Fiscales Supremos, la ley genera una "grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes", lo que podría socavar el trabajo realizado por las instancias judiciales especializadas en la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad.
Además, el MP manifestó su preocupación por las consecuencias negativas del artículo 5 de la ley, que compromete la autonomía e independencia funcional de los magistrados.
"La ley vulnera la función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha se encuentran a su cargo por hechos de especial gravedad", indica el pronunciamiento.
El pronunciamiento también señala que la vigencia de esta ley podría afectar seriamente la labor de los fiscales especializados en derechos humanos, perjudicando el trabajo que se viene desempeñando ante las instancias judiciales en casos de delitos de lesa humanidad. Asimismo, subraya que la ley "podría generar responsabilidad administrativa" para los fiscales que decidan no aplicar la normativa por considerarla incompatible con los tratados internacionales suscritos por el Perú.
Finalmente, la Fiscalía reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad y los derechos humanos en el Perú, instando a cerrar las heridas del pasado y a evitar que divisiones sociales y políticas profundicen las brechas de impunidad y violación a los derechos humanos. Además, reitera su respaldo a los fiscales especializados que han expresado su rechazo a la ley y a la forma en que esta podría afectar la administración de justicia en el país.
[Foto de portada: Andina]
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