Se veía venir. Exintegrantes del Grupo Colina, el escuadrón de la muerte responsable de múltiples violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Alberto Fujimori, han presentado solicitudes al Poder Judicial para beneficiarse de la reciente ley sobre delitos de lesa humanidad promulgada por el Congreso de la República, informó La Encerrona. Entre los solicitantes se encuentran Nelson Carbajal, Carlos Pichilingue y Julio Chuqui Aguirre, todos ellos involucrados en los atroces casos de las matanzas de La Cantuta y Pativilca.
La ley en cuestión, promulgada en medio del rechazo de expertos legales, organizaciones de la sociedad civil y del Ministerio Público, establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo que permitiría a los condenados por estos delitos, previamente imprescriptibles, quedar en libertad tras el cumplimiento de un determinado período de tiempo. Esta normativa ha sido ampliamente criticada por defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas, quienes la consideran un intento de otorgar impunidad a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
El Grupo Colina y los casos La Cantuta y Pativilca
El Grupo Colina fue un escuadrón paramilitar creado por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) durante el régimen de Fujimori, con el objetivo de ejecutar extrajudicialmente a presuntos simpatizantes de grupos subversivos, eliminar a enemigos políticos del gobierno o incluso asesinar a pedido de personajes influyentes cercanos a la dictadura. Su accionar estuvo marcado por una serie de crímenes atroces que incluyeron torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Uno de los casos más emblemáticos de estos crímenes es la masacre de La Cantuta, ocurrida en julio de 1992, cuando nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados, torturados y ejecutados por miembros del Grupo Colina, quienes luego incineraron sus cuerpos en un intento de ocultar el crimen. Este caso fue documentado en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que concluyó que se trató de un delito de lesa humanidad .
Otro caso relacionado es el de Pativilca, ocurrido en 1992, en el que seis campesinos fueron asesinados por el mismo grupo paramilitar. Este crimen también fue considerado un delito de lesa humanidad y forma parte del proceso de extradición de Alberto Fujimori desde Chile en 2007, donde se incluyó específicamente por su gravedad.
En julio pasado, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, recordó que la aplicación de esta ley dependerá de las decisiones de los jueces peruanos, quienes deberán evaluar caso por caso la pertinencia de aplicar esta normativa en situaciones que involucran crímenes tan graves como los de lesa humanidad.
Mientras el Poder Judicial evalúa las solicitudes de los exmiembros del Grupo Colina, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos continúan movilizándose para evitar que esta ley se convierta en un instrumento de impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en el Perú.
[Foto de portada: Infobae]
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