El Poder Judicial (PJ) del Perú ha expresado su preocupación ante el recorte presupuestal anunciado por el gobierno de Dina Boluarte. El presidente del PJ, Javier Arévalo, argumentó que esta medida favorece indirectamente al crimen organizado y afecta gravemente a las Unidades de Flagrancia Delictiva.
En el marco de la presentación de los ejes de su gestión, especialmente sobre la autonomía e independencia del PJ, Arévalo expresó su rechazo al recorte presupuestal para el año 2025, establecido por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según Arévalo, la DGPP prevé una reducción en el presupuesto del Poder Judicial hasta los 3,549 millones de soles. Este ajuste, formalizado en el Oficio N° 0086-2024-EF/50.03 del 12 de julio, fue calificado por Arévalo como una medida arbitraria que contradice la Ley N° 28821.
Arévalo sostuvo que la reducción de recursos impacta en la capacidad operativa del sistema judicial, especialmente en la implementación de estas unidades, cruciales para enfrentar la delincuencia en el país.
El recorte presupuestal impide la instalación de nuevas unidades de flagrancia delictiva, las cuales estaban proyectadas para los años 2024 y 2025. Este plan, que pretendía habilitar 47 unidades en todo el país, es fundamental para una justicia más ágil y eficaz, al procesar de manera rápida y eficiente a los detenidos en flagrancia.
Arévalo señaló que estas unidades no solo mejoran la celeridad en la resolución de casos, sino que también desincentivan la reincidencia criminal. Sin embargo, con el presupuesto actual, será imposible cumplir con las metas establecidas, lo que podría dar lugar a un incremento en la impunidad y fortalecer el accionar del crimen organizado. Además, el presidente del PJ subrayó la contradicción de esta medida con el discurso gubernamental de fortalecer la seguridad y la lucha contra la criminalidad.
El impacto de este recorte presupuestal también podría comprometer la capacidad del sistema judicial para procesar otros delitos de manera oportuna y eficiente, afectando así la percepción de justicia en el país. Las autoridades judiciales han instado al gobierno a reconsiderar esta decisión para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos.
[Foto de portada: Andina]
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