Plata como cancha para Fujimori. El Congreso de la República demoró solo 11 días en estudiar, analizar y aprobar la solicitud de Alberto Fujimori para recibir una pensión vitalicia como expresidente en un proceso en el que estuvieron involucrados personajes relacionados a Alianza Para el Progreso (APP), partido del empresario y político César Acuña.
Un reportaje de Cuarto Poder reveló la rápidez del proceso con el que se otorgó el cuestionado beneficio al exdictador Fujimori, sentenciado por delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos, lo que lo inhabilita legalmente para recibir la pensión de 15,600 soles mensuales hasta el último de sus días.
Quienes intervinieron en el proceso de aprobación de esta ilegal pensión vitalicia fueron Haidy Janette Figueroa Valdéz, jefa del departamento de recursos humanos del Congreso y mikitante de APP desde el 2014. Además, el abogado José Rubio Preciado, de la Universidad César Vallejo (UCV), fue el encargado de elaborar el sustento legal para la pensión vitalicia a Fujimori y dejó el cargo tras haber cumplido esa función.
Anteriormente, Keiko Fujimori, hija del exdictador, dijo a la prensa que el dinero recibido por la pensión vitalicia sería destinado a pagar parte de los 57 millones de soles que debe al Perú por la reparación por sus graves delitos. Con ello, para el abogado penalista Andy Carrión, todos los peruanos terminarían pagando la reparación civil por delitos que ha cometido Fujimori. "En cómodas cuotas, pero todos vamos a pagar una reparación civil por delitos que nosotros no hemos cometido”, dijo a Cuarto Poder.
Cabe precisar que la Ley N° 26519 establece que los expresidentes con acusaciones constitucionales y sentencias en su contra, como el caso de Fujimori, están excluidos de recibir una pensión vitalicia. No obstante, el Legislativo ha aprobado este beneficio para el exdictador sentenciado por delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
[Foto de portada: Andina]
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