Este jueves, la comunidad campesina de Pumamarca, junto con otras comunidades de Cotabambas, se movilizó en Challhuahuacho para exigir amnistía para los procesados por protestar contra el proyecto minero Las Bambas.
Las comunidades piden la liberación de 16 comuneros de Pumamarca, contra quienes la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva por su participación en manifestaciones.
El pasado 26 de julio, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas condenó a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau a penas de hasta 9 años de prisión. Los sentenciados fueron acusados de delitos como daños agravados, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos, en relación con las protestas de 2015 contra Las Bambas.
Las protestas del 2015 surgieron como respuesta a la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero sin la consulta previa a las comunidades campesinas afectadas. Este cambio en el EIA se realizó tras la adquisición del proyecto por la empresa china MMG Limited. La Policía reprimió las protestas y tres manifestantes perdieron la vida.
Después de 9 años, la situación en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas sigue siendo tensa.
Para la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y Cooperación, las condenas contra los comuneros son un intento de desmovilizar la resistencia comunitaria contra Las Bambas y una violación del derecho a la protesta. Como recordó el abogado Yván Montoya, en un informe de la Fundación para el Debido Proceso, el derecho a la protesta está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su desconocimiento constituye una violación de estos tratados internacionales.
[Redacción: Jorge Paucar Albino]
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