El congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) presentó, el último lunes, una denuncia preventiva contra Verónika Mendoza, lideresa del Nuevo Perú, por hacer un llamado a la insurgencia ciudadana.
El pasado 13 de junio, durante el evento "Tinkuy por el Buen Vivir" en Cusco, Mendoza dijo lo siguiente:
"¡Insurgencia Ciudadana! ¡Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador, nadie debe respeto a leyes espurias! Incluso esta Constitución reconoce el derecho a la insurgencia ciudadana. ¡No tenemos por qué rendirle respeto ni ninguna pleitesía a este Gobierno y Congreso mafiosos, nos tenemos que autogobernar siguiendo nuestros principios del buen vivir!".
El derecho a la insurgencia ciudadana está contemplado en el Artículo 46 de la Constitución, el cual establece que "nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes". Este derecho es considerado una herramienta legítima para los pueblos en casos de traición a la Constitución y los derechos fundamentales.
Para el congresista Montoya , Mendoza está promoviendo "situaciones de peligro y alto riesgo" para la comisión de los delitos tipificados en los artículos 315 y 349 del Código Penal, que sancionan los disturbios y la conspiración para una rebelión, sedición o motín, con penas de hasta diez años de prisión. Montoya sostiene que las declaraciones de Mendoza podrían interpretarse como una incitación a estos delitos, poniendo en riesgo la estabilidad del país.
La denuncia contra Mendoza fue presentada ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. El congresista del Grupo Parlamentario Honor y Democracia solicitó la "intervención de los órganos fiscales correspondientes con carácter de urgencia, para la atención e interposición de las acciones penales pertinentes".
Anteriormente en La Mula TV, Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, explicó que debido al desequilibrio de poderes, los abusos del Congreso y la desprotección de la población, los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la insurgencia, amparados en la Constitución. Vásquez resaltó que “la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional” y que los actos de quienes usurpan funciones públicas son nulos según el artículo 46.
[Foto de portada: Andina]
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